Gestora reporta utilidades de Bs 18 millones a julio, superando en 131% al registrado en 2021

 La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo reportó Bs 18 millones en utilidades al mes de julio de este año, superando en 131% al registrado en todo el 2021, cuando se alcanzó Bs 7,8 millones, reveló este domingo el gerente general de la entidad, Jaime Durán.

En entrevista con el programa Las 7 en el 7, Durán indicó que, en 2020, durante el gobierno de facto, la empresa fue mal administrada, al extremo de que reportó pérdidas por Bs 14 millones, situación que fue revertida en 2021.

“El año 2021 la Gestora ha generado utilidades por 7,8 millones de bolivianos y a julio de 2022 hemos generado una utilidad de 18 millones de bolivianos”, destacó Durán, quien cuenta con una licenciatura en Economía y es máster en Gestión Pública.

El dato, dijo, muestra “nuestra eficiencia y capacidad para administrar los recursos y eso también lo vamos a demostrar cuando estemos a cargo de la totalidad de los fondos de pensiones” en mayo de 2023.

Durán garantizó una buena administración de los fondos de pensiones, como ya lo hace desde 2018 cuando asumió el pago de la Renta Dignidad.

Recordó además que cinco candados garantizan la seguridad de los aportes en el Sistema Integral de Pensiones (SIP): 1) los aportes son patrimonios autónomos, el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar la pensión de jubilación; 2) los aportes están fiscalizados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Además, 3) los aportes están sujetos a control social, apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas; 4) los aportes son controlados por el jubilado, como asegurado; y,5) los aportes son sometidos a una auditoría externa, además de auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes que deben ser presentadas a la Presidencia del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Contraloría General del Estado (CGE) y deben ser publicadas a través de todos los medios de difusión.