Fiscalía acusa al exgerente de Entel, Eddy Luis Franco, por dos delitos y pide 10 años de cárcel

La Fiscalía de La Paz presentó acusación formal contra el exgerente de Entel, Eddy Luis Franco, y pide una sanción de 10 años de cárcel por el pago presuntamente irregular de 389 mil dólares a una empresa peruana para un proyecto de fibra óptica en 2020.

Según la Fiscalía, la empresa que recibió el proyecto no estaba legalmente registrada en Perú y no tenía la capacidad de ser contratada ni de recibir pagos y emitir facturas en marzo de la gestión 2020. 

Los delitos atribuidos al exgerente son Legitimación de Ganancias Ilícitas y Conducta Antieconómica. También están acusadas la exanalista de Gerencia de Finanzas de Entel, Carola G.V.F., por los mismos delitos y su hermana Lilian H.V.F., por Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Para las tres personas, el Ministerio Público pide la pena máxima que de acuerdo a los delitos establecidos sería de diez años de privación de libertad. 

Según los antecedentes, se evidenció que el exgerente de Entel habría designado a la exanalista de Gerencia de Finanzas, Carola G.V.F., que realice pagos del Proyecto Fibra Óptica al Pacífico para trabajos en los nodos de Lurín, Tacna, Moquegua e Ilo, en la República del Perú, presuntamente sin respaldos documentales ni procesos de contratación.

La Fiscalía sostiene que el exgerente Eddy Luis Franco firmó una orden de compra sin ningún proceso de contratación y que la empresa del proyecto no contaría con el registro en la Administración Tributaria en Perú, para trabajos que no se hizo de fibra óptica.

Por su parte, Lilian H.V.F. se habría constituido en julio de 2021 a Perú, después de una visita a su hermana en el penal de Obrajes, se presume  a objeto de recoger sumas de dineros en efectivo que fueron transferidos con anterioridad al supuesto representante de la empresa.

Asimismo, la hermana de la exanalista habría coordinado con el representante de la empresa la elaboración de informes y formularios para presentarlos como elementos de descargo en el proceso de investigación, en busca de aparentar una supuesta legalidad en las transferencias realizadas en la gestión 2020.