Relator de la ONU inicia reuniones en medio de una crisis judicial y denuncias de injerencia política
García Sayán empezó sus reuniones con el canciller Rogelio Mayta, hasta el 22 de febrero verificará el estado de situación de la justicia en Bolivia



El Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, ha iniciado la mañana de este martes sus reuniones con autoridades gubernamentales, en un escenario de crisis y denuncias de falta de independencia del sistema judicial.
García Sayán tiene previsto una serie de reuniones, esta mañana empezó con un encuentro con el canciller del país, Rogelio Mayta, también llevará a cabo otras citas con autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo, con representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El relator llegó al país para verificar el estado de situación de la justicia, en particular la independencia judicial, un tema que está en el ojo de la tormenta a raíz de los cuestionamientos por la elección de las máximas autoridades judiciales de los más altos tribunales de justicia de Bolivia.
Las observaciones han crecido después del caso Richard Choque, el feminicida serial que salió de la cárcel a pesar de sus 30 años de sentencia por un asesinato, utilizó información falsa y el exjuez Rafael Alcón que le otorgó detención domiciliaria no verificó la documentación. La decisión judicial costó la vida de otras dos víctimas.
Pero este no fue el único caso, a raíz de este se identificó una serie de irregularidades en los juzgados de Ejecución Penal en la liberación de sentenciados, generalmente con penas máximas desde 26 hasta 30 años de prisión. Utilizaron el mismo modus operandi para lograr detenciones domiciliarias, en base a informes médicos con información falsa y sin respaldo de exámenes.
La oposición y juristas han cuestionado la designación de las máximas autoridades a quienes responsabilizan sobre el estado de situación de la justicia, el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la designación de los jueces quienes están en el ojo de la tormenta por los últimos hallazgos.
El expresidente y líder opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en pasados días responsabilizó al MAS “del cáncer de la justicia”, argumentó que no tiene capacidad, moral ni intención de modificarla.
Asimismo, cuestionó que las comisiones que arma y las cumbres que realiza son para “mantenerla sumisa y corrupta”. El gobierno armó una comisión para revisar los casos en los que se liberaron a feminicidas y violadores; para el próximo mes se ha anunciado la realización de una cumbre.
La bancada de Creemos también ha responsabilizado al MAS sobre la crisis judicial porque no puso por encima de los intereses partidarios la meritocracia de los operadores de justicia.
El juez Rafael Alcón era hermano del exconsejero de la Magistratura Gonzalo Alcón, se desconoce cómo llegó a ser designado, también se observa los procesos de selección de los administradores de justicia.
Las críticas también están dirigidas al Ministerio Público porque las investigaciones avanzan de acuerdo al perfil político de los casos, ha sostenido el abogado William Bascopé. Es decir, que en los casos que comprometen a gente del partido gobernante avanzan de manera lenta, pero cuando se trata de opositores las acciones son "eficientes".
El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes ha identificado claramente la falta de independencia judicial, ha sido crítico a demora en los procesos de investigación a cargo de los fiscales, especialmente en los casos producto de la crisis política del 2019.
En ese tiempo el Ministerio Público inició investigaciones y persecución penal contra líderes y dirigentes del MAS, a muchos los envió con detención preventiva; pero cuando el partido azul ganó las elecciones el 2020 reorientó sus investigaciones y comenzó la persecución contra los opositores.
Los familiares de las víctimas a raíz del caso Choque han develado que instituciones como la policía, la fiscalía y la justicia hacen oídos sordos de su situación, es más que sus casos se quedan en la impunidad.