Defensoría anuncia acciones legales por no permitir interrupción de embarazo de una niña

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció este martes la presentación de acciones legales en los ámbitos nacional e internacional con la finalidad de “salvaguardar la vida, dignidad e integridad” de una  menor de 11 años de edad que fue violada en Yapacaní, Santa Cruz, cuyo proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en este caso, fue interrumpido.

Entre las acciones que se presentarán informó que se encuentran: una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del Hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado que intervino en el caso.

La finalidad del recurso es para que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, “sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”.

Cruz anunció además la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) en contra del Estado boliviano, debida a que la niña de 11 años de edad, en situación de embarazo, constituye un hecho “grave” que reconoce el mismo sistema interamericano.

“La suspensión de la Interrupción Legal del Embarazo está generando una afectación que puede ser irreparable a la vida, salud, integridad de esta menor”, afirmó y añadió que ya fueron entregados los informes correspondientes al monitoreo que realiza la Relatora País y a la Secretaría Ejecutiva de dicha instancia.

Otra de las acciones asumidas es una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz y también en contra de la madre.

Entre los tipos penales dijo que se encuentran incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas.

Con esta determinación, Cruz dijo que se busca que los responsables sean sancionados con una pena de entre 15 a 20 años de prisión, debido a que la víctima es una menor de edad.