Fiscalía ordena aprehensión de Santos Quispe; Gobernación denuncia intento de derrocamiento

La Fiscalía determinó ordenar la aprehensión del gobernador Santos Quispe, en el marco de un proceso por uso indebido de bienes y conducción peligrosa, sin embargo, la Gobernación denunció que se trata de una persecución que busca el derrocamiento de la autoridad departamental.    

En este caso, se indaga un hecho de tránsito del 13 de junio protagonizado por un vehículo oficial, en el cual se involucra al Gobernador.

La orden de aprehensión fue emitida por la fiscal Rocío Feraudi, bajo el argumento de que Quispe habría evadido presentarse a declarar ante el Ministerio Público, a pesar de que la Policía buscó notificarle en la Gobernación y domicilios. 

Mario Adán Flores, secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, denunció que se trata de un “proceso armado”, en base a irregularidades.

El jurista negó que la Policía haya intentado notificar a Quispe en la Gobernación, sino aseveró que fue a buscar información. También cuestionó que para indagar el domicilio de la autoridad, la Fiscalía sólo haya acudido al Segip y no al Sereci.

Enfatizó que no se notificó de manera legal al Gobernador para presentarse a declarar, por lo cual su abogada particular presentó una “heroica Acción de Libertad” –en palabras del asesor jurídico- que evitaría ejecutar la orden de aprehensión mientras no se haga su audiencia.

El Director Jurídico dijo que también se está presentando una queja al juez controlador de garantías jurisdiccionales en este caso, para que deje sin efecto la orden de aprehensión, pero además se ha objetad la misma ante la fiscal.

Denunció que se trata de una persecución y que se acudirá incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efectos  de denunciar.

Aseveró que Quispe está convocado a declarar sin ningún motivo, porque el chofer del vehículo ya declaró que el Gobernador no estaba junto a él en el momento del accidente, pero también el caso ya fue cerrado en otra instancia luego de que el conductor llegó a un acuerdo con otro afectado por el hecho de tránsito.

“Se está usando políticamente (el caso) para derrocar a una autoridad electa. Ya tenemos malas experiencias en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y no es posible que se pretenda utilizar a la justicia, al Ministerio Público para conseguir sus fines”, agregó Flores.