Fianza de Murillo por $us 250.000 no puede ser apelada

Luego de conocer el acuerdo preliminar que implica que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deba pagar una fianza de $us 250.000, el procurador general de Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que esa determinación no puede ser apelada, aunque sostuvo que la exautoridad debe demostrar la licitud del dinero.

“Se ha llegado a un acuerdo preliminar entre la Fiscalía y el acusado a objeto de que el acusado sea beneficiado con una fianza de $us 250.000, fianza que no ha sido pagada y además que debe ser cubierta con dinero limpio, es decir, debe ser demostrada la licitud del dinero”, afirmó en rueda de prensa.

Según Chávez, la decisión del pago de la fianza no puede ser apelada debido a que la investigación se encuentra en una etapa procesal donde la víctima, en este caso, la Procuraduría, no tiene una participación.

Detenido desde mayo en Estados Unidos, Murillo se encuentra acusado por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions.

Otras de las disposiciones establecidas en la audiencia de este lunes, además de la fianza, fueron que Murillo deba estar con una manilla o la tobillera electrónica, además que deba presentarse ante la Fiscalía cada cierto tiempo.

“Si el señor (Arturo) Murillo abona ese monto ($us 250.000) y cumple las condiciones, se va a comunicar simplemente por la carpeta que tenemos nosotros habilitada en el expediente judicial que accedemos como víctimas en este caso”, aseguró Chávez.

Descartó conocer en cuánto tiempo se pueda ejecutar la determinación del pago de la fianza, tras el acuerdo preliminar que favoreció al exministro del gobierno de Jeanine Áñez.

Murillo deberá comparecer en una nueva audiencia el 9 de septiembre, mientras que un día antes, lo harán otros implicados en el mismo caso.

A menos cuatro coimputados por la demanda civil abierta por el estado boliviano por el caso de compra irregular de gases lacrimógenos durante la administración del gobierno de Jeanine Áñez en 2019.

El proceso tiene como objetivo recuperar el dinero utilizado en la adquisición de los agentes químicos, que asciende a los $us 2,3 millones.

Thomas Becker

Por otro lado, el abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker, informó este lunes desde Estados Unidos que el proceso contra Murillo, abre la posibilidad para nuevos procesos judiciales.

“Esto es parte de una historia muy complicada, de un año muy duro y ojalá abra la puerta para más juicios. Bueno, para la justicia de todas las víctimas”, dijo.

Becker dijo que el caso de Murillo es sólo uno de los muchos vinculados a hechos ilícitos que se registraron durante el gobierno de Áñez, sobre todo, aquellos vinculados a la vulneración de derechos humanos.

Durante 2019, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país. Uno de esos escenarios fue la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, donde 10 personas fallecieron como consecuencia de una intervención de las fuerzas combinadas entre Policía y Fuerzas Armadas (FFAA).