ITEI: Pese a ser delito de lesa humanidad, la tortura en Bolivia se sanciona con penas leves

La tortura en la legislación boliviana, pese a ser un delito de lesa humanidad, es sancionado como un delito menor, con entre dos y 10 años de reclusión, cuestionó el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI). 

“Tiene que ver mucho con la violencia de Estado, es por eso que es un delito de lesa humanidad que no prescribe y que lamentablemente en nuestra legislación, el Código Penal, pues está menos castigada que el robo de un animal de granja”, sostuvo Marcelo Flores, médico del ITEI, en una entrevista con Erbol Radio.

Explicó que en la legislación internacional, este delito se sanciona con las mismas penas que un asesinato (30 años de reclusión). No obstante, en el país, según el artículo 295 del Código Penal, la tortura se castiga con seis meses a dos años de privación de libertad para el agresor, cuatro si la víctima presenta daños graves, y si existe muerte, que prácticamente es un asesinato, la pena llega a solo 10 años de presidio.

“En nuestra legislación el asesinato con premeditación y alevosía tiene 30 años de cárcel, entonces la sanción por tortura en Bolivia no se equipara ni siquiera con nuestras leyes y mucho menos, a la legislación de afuera”, sostuvo Flores.

La tortura es cualquier daño físico o psicológico a una persona, que generalmente puede causar algún tipo de secuela y que es aplicada por un funcionario público.

Flores indicó que es un tema de urgencia trabajar en la adecuación de la legislación debido a que muchas personas que se constituyen en víctimas tienen temor de denunciar. “Si alguna persona es detenida por cualquier razón o circunstancia con la tortura pueden hacerle confesar cualquier cosa, entonces la gente no denuncia la tortura porque podría perjudicar su caso, podría tener represalias”. 

Detalló que este delito comprende tres aspectos principales, un grado de daño físico o psicológico grave, que tiene que tener una razón específica como discriminación, castigo u obtención de información, y que es aplicada por un funcionario público. 

Sobre quiénes usan más la tortura, afirmó que es “el pan de cada día” de la investigación policial y que se da en las celdas judiciales o de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), “donde se hace entre comillas la investigación, es ahí donde tenemos la tortura que puede ser de cuatro tipos: física, psicológica, biológica y sexual”.

Uno de los casos emblemáticos de tortura en ambientes policiales es el de David Olorio Apaza, quien perdió la vida en la FELCC de El Alto en 2010, a causa de violencia y torturas aplicadas por uniformados. 

“En primera instancia un informe médico forense del fiscal y de la policía decían que había sufrido muerte súbita, pero alguien tomó fotos, hicimos un peritaje con la Defensoría del Pueblo y demostramos que la persona había sido torturada hasta la muerte, y el motivo fue buscar información sobre dónde estaba el botín de un robo en el que estaba implicado”, afirmó Flores.

Los tipos de tortura más usados en los ambientes policiales son la física y la psicológica, que se traducen con golpes en partes sensibles, amenazas de muerte y/o amenazas de daño a familiares.

“La tortura deja secuelas en el cuerpo y en el alma, las del cuerpo generalmente se curan, van pasando con el correr del tiempo, pero las que más quedan en las personas son los traumas psicológicos”, dijo el galeno.

Sostuvo que entre las consecuencias de los traumas psicológicos está que, en algunos casos, la víctima se vuelve violenta o irritable o simplemente no quiere salir a la calle; asimismo existen las secuelas psicosociales con las que “por ejemplo se rompe el proyecto de vida de las personas, ya no estudian ya no trabajan, entonces ahí se afecta la relación de la persona con la sociedad, su entorno, su familia y su comunidad”.

Flores agregó que el ITEI realizará el curso de especialización “Prevención de tortura, protección de Derechos Humanos y rehabilitación de personas afectadas”, con aval de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) dirigido a profesionales de áreas jurídicas, médicas, derechos humanos, personal policial, psicólogos y operadores de justicia, el que comenzará esta semana. Los informes, en la cuenta de Facebook del ITEI, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA y WhatsApp de la Facultad.