Juez determina detención preventiva para Schlink

El juez quinto anticorrupción de La Paz determinó este miércoles la detención preventiva por cuatro meses del exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink, involucrado en el caso crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual fue desembolsado durante el gobierno pasado sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El juez determinó que la medida se cumpla en la cárcel de San Pedro mientras se desarrolla la investigación.

La Fiscalía acusó al exviceministro por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, informó Erbol.

Schlink, en su defensa durante la audiencia, sostuvo que no firmó ningún contrato o decreto para conseguir el financiamiento. También rechazó que se lo acuse de incumplimiento de deberes, bajo el argumento de que el programa de endeudamiento no se elabora en el periodo en que estuvo en el cargo, añade el reporte.

El diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, explicó que el dinero del crédito otorgado por el FMI fue depositado sin la promulgación de una Ley en la ALP.

Detalló que este crédito fue desembolsado sin tener las condiciones financieras, técnicas, ni jurídicas, pero cuenta con un contrato condicionado por el FMI que establece devaluar la moneda, disminuir el déficit y compromete gastos de las gestiones 2020-2021-2022 y 2023.

Señaló que el exministro José Luis Parada se comprometió a remitir la documentación para fundamentar el crédito, pero su viceministro Carlos Schlink "se salió por la tangente" y entregó un informe de tres hojas sin sustento ni documentación para la habilitación del crédito.

El caso del FMI involucra, entre otros, a Jeanine Áñez, José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia.

Áñez, Parada y Aponte fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la ALP, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.