Aprueban informe para juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada por caso Enron

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó este miércoles un juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, además de todo su gabinete ministerial, por la presunta firma ilegal de un contrato entre yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la estadounidense Enron para construir un gasoducto a Brasil en 1994.

La querella se fundamenta en el "incumplimiento del contrato entre YPFB y Enron en cuanto al desarrollo, construcción y financiamiento del gasoducto, la ilegal participación autorizada por el Poder Ejecutivo en el proceso de licitación y en la sociedad de Economía Mixta Transportadora de Hidrocarburos Boliviana, así como en Transredes SA hasta el presente", reporta Erbol.

El proceso que se sigue es por los delitos de contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, de acuerdo con un boletín de prensa de la Cámara de Senadores.

Fue la primera administración del expresidente Evo Morales que se impulsó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada con la finalidad de resarcir el daño al Estado con el polémico contrato de ese entonces.    

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó también otros juicios contra el exprefecto de Chuquisaca, David Sánchez Heredia, acusado por los delitos de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; el exprefecto de La Paz, José Luis Paredes Muñoz, por falsedad ideológica, legitimación de ganancias ilícitas y omisión de declaraciones de bienes y rentas.

Además, se aprobó los juicios a los exprefectos de Tarija, Adel Gonzalo Cortez Maire y Mario Cossío Cortez, por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Los informes aprobados fueron remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que deberá analizarlos.