Caso de Quintana
Justicia boliviana otra vez en el foco de las críticas
De acuerdo a la jueza Claudia Castro, que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana, su decisión se debió a que se vulneraron derechos a la exautoridad y hubo varios errores procedimentales



Tras conocerse el fallo de la jueza tercera anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, que deja sin efecto una orden de aprehensión contra el exministro Juan Ramón Quintana, hoy nuevamente se genera el debate y cuestionamientos por los procesos judiciales que se encaminan en el país.
“Bolivia tiene la peor justicia del mundo. Nos dan vergüenza, da pena que no solo no se respete la ley, sino que no tengan dignidad y (que) por cuidar sus pegas, sin que haya asumido el nuevo gobierno, muestren esa sumisión asquerosa”, expresó duramente hoy el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a través de su cuenta en Facebook.
Tras una audiencia programada para este 31 de octubre a las 21.00, Castro determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Quintana acusado por delitos de instigación pública a delinquir y financiamiento al terrorismo durante la convulsión social de octubre y noviembre, acusaciones que lo obligaron a refugiarse con otros ex funcionarios en la embajada de México desde hace 11 meses.
“Los jueces que acaban de recordar que eran del Movimiento Al Socialismo, se alinean con el gobierno antes de que asuma. No podemos legarles a nuestros nietos un país sin justicia, en el que impere la ley del más fuerte”, escribió por su parte el jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina.
Así, durante estas horas varios políticos y autoridades se pronunciaron sobre esta determinación, como Jorge “Tuto” Quiroga que en su cuenta de twitter publicó que “Evo y sus acólitos mandan y se imponen a Luis Arce y David Choquehuanca. Eliminan 2/3 en el Congreso, impone directiva parlamentaria, liberan a sus secuaces y se aprestan a controlar el gabinete”.
Pero de acuerdo a la jueza Castro, en entrevista con Cadena A, su decisión de dejar sin efecto la orden de detención se debió a que se vulneraron derechos a la exautoridad y hubo varios errores procesales.
“La resolución de aprehensión consigna como fecha el 25 de noviembre de 2019, pero se advierte que el auto de admisión se inició el 27 de noviembre, ¿por qué Fiscalía remite en una fecha posterior el memorial con la referida resolución y el inicio de actos investigativos?”, dijo la jueza.
Para la autoridad judicial se valoró también que no se habría realizado la debida citación. “Estos dos extremos de forma clara reflejan la inobservancia al debido proceso”.
Las críticas contra las decisiones jurídicas persisten mientras desde el Gobierno también indicaron que la justicia se está parcializando al MAS antes de asumir el mando del país.