Cabrera advierte que privatización de Ende generaría un daño de $us 2 mil millones al Estado

El saliente procurador del Estado, José María Cabrera, afirmó este viernes para El País que la privatización de las acciones de la ex Elfec (Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.), propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) bajo el argumento de que su nacionalización hace diez años fue ilegal, generaría un daño económico al país de $us 2 mil millones, ya que Bolivia se encontraría actualmente compareciendo en 4 juicios contra privados que reclaman pagos por estatización de empresas.

Por lo cual, argumentar ilegalidad en el proceso de apropiación de Ende, sería sentar un precepto jurídico para que el Estado pague millones de dólares a privados.

Cabrera señaló que ese sería el principal argumento del ministro de la Presidencia, Arturo Murillo, para hacer prevalecer un Decreto Supremo de privatización, anunciado con anterioridad el 14 de septiembre, pero que hasta hora no ha sido aprobado en el gabinete de ministros, por una serie de cuestionamientos de forma y de fondo que presenta el proyecto y que fueron observados por la Procuraduría del Estado, en defensa de los intereses económicos del país.

Entre las indagaciones que realizó el suscrito Procurador, desde la UDAPE, una institución pública del Estado a cargo del análisis, monitoreo y evaluación de políticas, planes y programas económicos,sociales y sectoriales, está que el proyecto de desnacionalizar Ende, fue realizado por la vía del procedimiento rápido, que solo corresponde a temas de mero trámite, por lo cual revertir una nacionalización de una empresa estratégica del Estado "jamás puede ser tratado como un mero trámite".

El documento fue promovido y presentado como iniciativa del Ministerio de Gobierno, sin cuidar que sus competencias no corresponden a un aspecto energético que debería ser propuesto por el ministerio del rubro. Además de no contar hasta ahora con los informes técnicos que respalden la propuesta.

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Entre las críticas de fondo, Cabrera afirma que en el proyecto de decreto, nunca se mencionó la palabra PRIVATIZACIÓN, "hubo una intención de eufeminismos para disfrazar una tranferencia".

Pero lo más alarmante de la figura, fue que se proponía transferir a privados "a título gratuito" las inversiones de mejora que realizó Bolivia durante los diez años, donde además existía un vacío legal que no especificaba si la transferencia incluía las utilidades que Ende había ganado en ese transcurso de tiempo.

Cabrera señaló que si en algún momento desde el Gobierno se afirma públicamente que alguna nacionalización fue ilegal, se generaría de inmediato un precedente para que las empresas privadas cobren miles de dólares por esos actos.

"Aquí hay una usurpación de competencias, la única autoridad que puede decir si un acto fue legal o ilegal es un juez, el órgano ejecutivo a traves de decreto, no lo puede hacer".

De esta forma es que Cabrera afirma que la remoción de su puesto, se debe más a una táctica que responde a intereses personales y no así en beneficio del Estado, oponerse al proyecto de privatización, habría sido suficiente para que Murillo gestionara su destitución, sin las formalidades de rigor.

Negligencia en YPFB

La petrolera Shell Bolivia Corporation con sucursal en Bolivia interpuso un arbitraje contra YPFB y demanda un pago de 26 millones de dólares, por deudas que se arrastan desde hace años por impagos de producción o incentivos a la producción, entre otros.

Al respecto, el procurador saliente José María Cabrera, afirmó que se encontró indicios de negligencia e indefensión por parte de los exejecutivos de la estatal, por la falta de defensa del arbitraje interpuesto por Shell Bolivia Corporation.