MAS aprueba Ley de Cumplimiento pese a las críticas
Los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados sancionaron este martes la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, antes llamada Ley de Garantías, a pesar del rechazo de las otras bancadas y el Gobierno. Dicha norma fue aprobada con modificaciones el pasado...
Los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados sancionaron este martes la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, antes llamada Ley de Garantías, a pesar del rechazo de las otras bancadas y el Gobierno.
Dicha norma fue aprobada con modificaciones el pasado viernes en el Senado. La Cámara Baja consideró el texto cambiado y decidió darle luz verde.
La norma es rechazada por el Gobierno y otros partidos debido a que consideran que dará impunidad a exautoridades y responsables de actos vandálicos.
El MAS, por su parte, argumenta que la ley era necesaria para hacer efectivo el resarcimiento a familias de fallecidos y también a los heridos del conflicto postelectoral.
En el texto también se dispone que se tramite la liberación de personas detenidas arbitrariamente por participar en movilizaciones desde el 21 de octubre. Asimismo, ordena respetar las garantías de todo ciudadano boliviano y extranjero que resida en el país, incluyendo a líderes sociales.
Con la sanción, la ley pasa al Ejecutivo para su promulgación, sin embargo, el Gobierno ya ratificó que la presidenta Jeanine Añez no dará vía libre a esa norma. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, adelantó que activarán los mecanismos necesarios para frenar esa ley, uno de ello, acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió que, si Añez no acepta, será ella que promulgará la norma.
De acuerdo con procedimiento, la mandataria tiene 10 días para responder a la Ley y devolverla al Legislativo en caso de encontrar observaciones. Entonces, la Asamblea decidirá si modifica la norma o la ratifica descartando las observaciones. En ese segundo caso, la presidenta de la Asamblea promulga la ley.
Ley impugnada
El senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, presentó ante la Presidencia del Senado una impugnación al proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales por vicios de nulidad en su tratamiento legislativo.
Ese proyecto fue aprobado el viernes por el MAS sin contar con el informe previo de la Comisión de Constitución que preside Ortiz.
"Hubo un atropello al procedimiento legislativo abusando de una mayoría parlamentaria que tiene el MAS. Lo que ha habido en la sesión del viernes pasado es claramente una violación de todas las disposiciones que establece nuestro reglamento de la Cámara de Senadores de cómo aprobar las leyes, las mismas que están basadas en la propia Constitución", denunció.
En contrapartida, la presidenta del Senado, Eva Copa, aclaró que la Cámara Alta aprobó una normativa que no busca la impunidad o encubrimiento de delitos que hayan cometido exautoridades de Gobierno.
"No podía haber el tratamiento directo, sin informe previo de la Comisión de Constitución en el pleno del Senado peor aún si en realidad se trata de otra ley. Está claramente demostrado que esa sesión y ese procedimiento está totalmente (viciado) de nulidad", indicó Ortiz y dejó en claro que los derechos fundamentales están garantizados por la Constitución.
Dicha norma fue aprobada con modificaciones el pasado viernes en el Senado. La Cámara Baja consideró el texto cambiado y decidió darle luz verde.
La norma es rechazada por el Gobierno y otros partidos debido a que consideran que dará impunidad a exautoridades y responsables de actos vandálicos.
El MAS, por su parte, argumenta que la ley era necesaria para hacer efectivo el resarcimiento a familias de fallecidos y también a los heridos del conflicto postelectoral.
En el texto también se dispone que se tramite la liberación de personas detenidas arbitrariamente por participar en movilizaciones desde el 21 de octubre. Asimismo, ordena respetar las garantías de todo ciudadano boliviano y extranjero que resida en el país, incluyendo a líderes sociales.
Con la sanción, la ley pasa al Ejecutivo para su promulgación, sin embargo, el Gobierno ya ratificó que la presidenta Jeanine Añez no dará vía libre a esa norma. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, adelantó que activarán los mecanismos necesarios para frenar esa ley, uno de ello, acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió que, si Añez no acepta, será ella que promulgará la norma.
De acuerdo con procedimiento, la mandataria tiene 10 días para responder a la Ley y devolverla al Legislativo en caso de encontrar observaciones. Entonces, la Asamblea decidirá si modifica la norma o la ratifica descartando las observaciones. En ese segundo caso, la presidenta de la Asamblea promulga la ley.
Ley impugnada
El senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, presentó ante la Presidencia del Senado una impugnación al proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales por vicios de nulidad en su tratamiento legislativo.
Ese proyecto fue aprobado el viernes por el MAS sin contar con el informe previo de la Comisión de Constitución que preside Ortiz.
"Hubo un atropello al procedimiento legislativo abusando de una mayoría parlamentaria que tiene el MAS. Lo que ha habido en la sesión del viernes pasado es claramente una violación de todas las disposiciones que establece nuestro reglamento de la Cámara de Senadores de cómo aprobar las leyes, las mismas que están basadas en la propia Constitución", denunció.
En contrapartida, la presidenta del Senado, Eva Copa, aclaró que la Cámara Alta aprobó una normativa que no busca la impunidad o encubrimiento de delitos que hayan cometido exautoridades de Gobierno.
"No podía haber el tratamiento directo, sin informe previo de la Comisión de Constitución en el pleno del Senado peor aún si en realidad se trata de otra ley. Está claramente demostrado que esa sesión y ese procedimiento está totalmente (viciado) de nulidad", indicó Ortiz y dejó en claro que los derechos fundamentales están garantizados por la Constitución.
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