Bolivia rendirá examen de Derechos Humanos, laborales y ambientales

En noviembre, Bolivia debe pasar el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, que mide la situación de los Derechos Humanos en el país y hace recomendaciones para mejorarlos. El último informe de la sociedad civil para el EPU de 2014, denunció que, pese a los compromisos y avances legales del Estado boliviano, aún persistían formas de trabajo forzoso en la agricultura, el trabajo del hogar, la construcción, fabricación de ladrillos, trata de personas, entre los más distinguibles.

En efecto, el Estado ratificó sus compromisos para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. Además, la Constitución Política del Estado (CPE) no reconoce ningún género de servidumbre y establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución (Artículo 5to. Titulo Primero: Derechos y deberes fundamentales de las personas).

Sin embargo, según el informe elaborado por la sociedad civil para el EPU 2014, existen tres ámbitos de trabajo forzoso en Bolivia: a) La producción de azúcar, en la que unos 20.000 trabajadores campesinos son enganchados o endeudados cada año antes de la zafra de azúcar; b) La producción de nueces y castañas en las barracas castañeras que cuenta con unos 30.000 trabajadores y sus familias en condiciones similares a los trabajadores de la zafra de la caña; y c) Las haciendas del Chaco, en las que campesinos guaraníes y sus familias, que alcanzan a 7.200 trabajadores, viven y trabajan en condiciones de precariedad laboral y salarial.

Por su parte, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en su informe titulado “Derechos Laborales: Bolivia sus compromisos, acciones y cumplimiento”, el trabajo forzado y de explotación laboral también “persiste en la minería y el Estado no cuenta con un plan integral y sostenido para solucionar la situación de este tipo de trabajo”.

[caption id="attachment_498530" align="alignright" width="219"] Informe de derechos laborales del CEDLA, julio de 2019[/caption]

Dicho informe, publicado en julio de 2019, agrega que “el trabajo en cautiverio es una de las formas más dolorosas de trabajo forzoso, que está asociado al trabajo por deudas que muchas veces se heredan de padres a hijos ante la ausencia de protección del Estado. La posibilidad de sindicalización es casi nula, menos aún la visibilización de estas situaciones”.

Mientras tanto, en el Informe del 36º período del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2017), se manifiesta que “aun reconociendo los esfuerzos del Estado parte para combatir el trabajo en condiciones de servidumbre (cautiverio) del pueblo guaraní, el Comité se inquieta ante los informes que indican que unas 600 familias guaraníes continúan viviendo bajo el régimen de cautiverio” (Arts. 8 y 27).

Sobre esto, hasta la fecha “no se tiene conocimiento de avances sobre el estado de situación del trabajo en cautiverio, y lamentablemente no se ha podido encontrar mayor información de las familias que viven en estas condiciones”, detalla el CEDLA.

Trabajo forzoso y trabajo infantil

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso incluye “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".

Por sus características de vulnerabilidad, el CEDLA advierte que en Bolivia el trabajo forzoso “está muy relacionado con el trabajo infantil porque tiene lugar en las mismas zonas geográficas en las que la pobreza y discriminación tienen elevados índices de desigualdad y violencia”.

Según la Fundación Marista de Solidaridad Internacional, en su informe para el EPU 2014, afirma que las causas del trabajo infantil identificadas por los niños trabajadores y sus padres se producen por: complementar o generar ingresos familiares (35%), ayudar al ingreso familiar (32%) y aprender/adquirir experiencia (27%).

El mismo documento advierte que una parte del trabajo infantil tiene condiciones de “alta peligrosidad” y muchas veces está asociado “con el abuso y explotación económica y sexual de los niños”; y que aun cuando los trabajos que realizan los niños no fuesen peligrosos, la dedicación y el tiempo invertido afectan al desempeño escolar y reducen el derecho al esparcimiento y al tiempo libre, de manera que podrían afectar el aprendizaje y las condiciones de salud de los niños.

[caption id="attachment_498531" align="aligncenter" width="412"] Trabajo forzoso impacta más a poblaciones vulnerables, como los niños.[/caption]

¿Derechos laborales desprotegidos?

Según el CEDLA, la vulneración y precariedad laboral en estos años “se ha mantenido o profundizado y, al mismo tiempo, la naturalización de la informalidad del empleo hace que no se afiancen políticas públicas. El rol de la COB, que paulatinamente ha ido alejándose de la lucha constante por la promoción y protección de los Derechos Laborales y la poca reactivación del aparato productivo frenan la exigencia de los derechos en materia laboral”.

En abril de este año, UNICEF advirtió que el Estado boliviano no realizó informes actualizados sobre la situación de los derechos de la infancia y adolescencia, particularmente en lo referido al trabajo. Según UNICEF, último informe enviado por Bolivia fue en 2009, quedando pendiente el de 2015, por lo que estaría incumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entre tanto, en el período 2014-2019, se han creado Leyes, Decretos, Resoluciones Ministeriales, ha elaborado planes, programas y ha conformado diferentes sistemas informáticos integrados a instancias públicas según temas específicos.

Sin embargo, estos “no han expresado políticas públicas o responder a las preocupaciones manifestadas por los países. La promulgación de normas no siempre representa avances de impacto social, pareciera que obedecen más a la coyuntura que al mejoramiento de políticas públicas en materia laboral”, afirman desde el CEDLA.

Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que la sociedad boliviana “se ha judicializado más, el Derecho ha puesto su impronta de autoridad, pero no ha mejorado la justicia y menos aún los Derechos Humanos”.

Por todo esto, a mediados de 2019, los derechos laborales en Bolivia se encuentran “igual y en algunos casos peor que hace 10 años”, sentencia el Centro de Estudios.

[caption id="attachment_498532" align="aligncenter" width="416"] Precariedad laboral: Bolivia está peor que hace 10 años afirma el CEDLA[/caption]

Examen periódico de la ONU

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo cooperativo de examen, creado en el año 2007 por el Consejo de Derechos Humanos, que tiene el propósito de evaluar la situación de los Derechos Humanos en los 193 países miembros de la ONU y verificar si los Estados cumplen sus obligaciones y compromisos asumidos voluntariamente al firmar y ratificar los instrumentos de Derechos Humanos para lograr mejores prácticas.

En Bolivia se desarrollaron 2 EPU: en 2009 y 2014. La tercera ronda del EPU para Bolivia se desarrollará en noviembre de este año. Esta evaluación se llevará a cabo en Ginebra, en la sede del Consejo de Derechos Humanos, para lo que se constituye un Grupo de Trabajo conformado por 47 países.

Para el EPU a Bolivia 2019, los estados evaluadores recibirán 3 contribuciones que aportarán al desarrollo del mismo: 1) el informe elaborado por el gobierno boliviano, insumo que debe considerar las recomendaciones y avances efectuados en los ciclos anteriores de evaluación (2009 y 2014); 2) un informe del sistema de la ONU, que recupera información de los documentos oficiales emitidos por otros mecanismos de DDHH; 3) la tercera contribución corresponde a los “informes sombra” o alternativos, elaborados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos locales e internacionales.

Sociedad civil boliviana interpela

Para la próxima ronda de EPU para Bolivia, son 50 organizaciones de la sociedad civil (tanto organizaciones no gubernamentales como representaciones de pueblos indígenas y otras) que suscriben un informe sobre la situación de los Derechos Humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras. Juntos conforman la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma), que es la instancia que presenta el informe.

Entre las organizaciones que aglutina la Adhma destacan la Asamblea permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Coordinadora de Defensa y Autodeterminación de los Pueblos y del Medio Ambiente (CODAPMA), CENDA, Jubileo, Infante, CEDIB, Probioma, Fundación TIERRA, Somos Sur, CIPCA, Cáritas Tarija, CONTIOCAP. Además de la Capitanía Tacobo Mora, Comunidad Caigua (Aguaragüe), Subcentral Tariquía, y varios otros.

El informe de estas organizaciones para el EPU 2019 no sólo se centrará en los avances, retrocesos o estancamiento de los derechos laborales y humanos detallados anteriormente (trabajo forzoso, trabajo infantil, derechos de las mujeres, etc.), sino que incorpora un informe específico sobre Pueblos indígenas y medio ambiente.

En este informe advierte que, a pesar de la suscripción y ratificación de acuerdos internacionales en temas ambientales, derechos indígenas, acceso a información y otros, en terreno se observan realidades contrastantes.

“En la actualidad, en 28 millones de hectáreas del país, pueden realizarse operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, esto representa alrededor del 25% del territorio. Once de las doce ecorregiones del país están comprometidas con actividades petroleras. Asimismo, existen derechos mineros sobrepuestos a 1.848 ríos y 39 cuerpos de agua, si se toma en cuenta las microcuencuas, estos derechos mineros, una vez puestos en operación, impactarán al 64,5% del altiplano y el 50,6% del Amazonas”, denuncia el texto.

Asimismo, resalta que la frontera hidrocarburífera “compromete a 37,64% de los territorios indígenas titulados. En la región amazónica norte, 13 de 15 territorios titulados tienen sobrepuestas áreas hidrocarburíferas; en la región de Chapare-Moxos 5 de 6 territorios se encuentran en la misma situación y en la región del chaco todos los territorios indígenas; en total son 27 territorios indígenas”.

El documento analiza 23 casos de violación de derechos humanos: 6 en el sector minero, 7 en el hidrocarburífero, 3 en relación a infraestructuras, de los cuales 16 afectan territorios indígenas. Y realiza recomendaciones concretas en cada una de las violaciones.

Desde el CIPCA, una de las organizaciones que conforman la Adhma, explica que, aunque los resultados del EPU no son vinculantes ni obligatorios para el Estado evaluado, estos “inciden directamente en la imagen internacional de cada Estado. Recomendaciones negativas o el no cumplimiento de las recomendaciones de las anteriores sesiones del EPU pueden dar una imagen negativa del Estado evaluado. Bolivia podría quedar mal ante 193 estados a los que insta constantemente al cumplimiento de los DDHH”.

[caption id="attachment_498533" align="aligncenter" width="385"] Organizaciones que conforman la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente[/caption]