Vocales acusados de proteger a “narcos” fueron liberados

Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Juan Carlos Candia y Jerónimo Manu, fueron dejados en libertad, por decisión judicial, a pesar de que están sospechados de proteger al clan dedicado al narcotráfico Candia Castedo, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El ministro Romero dijo que es un “caso grave” de posible protección judicial al narcotráfico y criticó la decisión de liberar a los vocales acusados.
Pidió que el Consejo de la Magistratura realice una profunda investigación, para determinar si existe protección al narcotráfico de parte de jueces del departamento de Beni.

¿Por qué se acusa a los vocales?
Los vocales acusados, Candia y Manú, el primero presidente del TDJ beniano, llevaron adelante desde el jueves hasta la madrugada del viernes una audiencia de Acción de Libertad para los miembros del clan Candia Castedo.
Entre los integrantes del clan están la exfiscal y exfuncionaria de la Gobernación de Beni, Mayerling Castedo, además de sus hijos Joice y Darío alias “Tinajas”, quienes fueron enviados a la cárcel con detención preventiva luego de que una narco-avioneta que salió de su hacienda fue capturada en Paraguay.
Según Romero, en la audiencia del jueves y viernes, sorpresivamente los vocales revocaron en parte de la detención de Mayerling, revocaron en su totalidad la aprehensión de Joice y, presumiblemente también se aprestaban a realizar la misma decisión con el “Tinajas”.
Sin embargo, en ese momento, se dispuso la aprehensión de los dos vocales por el delito de prevaricato en flagrancia. El Ministro destacó la “valiente” decisión de la Fiscalía para la aprehensión de las autoridades judiciales.
Se realizó otra audiencia, en la cual los vocales pasaron de autoridad al banquillo del acusado. Este nuevo procedimiento se realizó ante el juez Esteban Menacho, según reportó Informándote.
En la nueva audiencia, los vocales Candia y Manu fueron dejados en libertad, bajo el argumento de que tendría que ser la máxima instancia, el Tribunal Supremo de Justicia, el que disponga el delito de prevaricato. Para Romero se trata probablemente de una “argucia jurídica”.
El Ministro recordó que en el caso de Pedro Montenegro también existen autoridades judiciales involucradas y pidió al Consejo de la Magistratura que se investigue.
“Nos parece muy graves que el desbaratamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico, por lo menos en apariencia, se presente como resistida por algunas autoridades judiciales. Estamos pidiendo una profunda investigación”, recalcó.