La FAO asesora a Bolivia en inocuidad alimentaria

La Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabaja en el asesoramiento a Bolivia en la parte normativa a través del Codex Alimentarius, en la elaboración de un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas que contribuyan a garantizar alimentos saludables para su comercialización. Sostiene que sin inocuidad no se puede hablar de seguridad alimentaria.

Así lo hizo saber el Representante de la FAO en Bolivia, Theodor Friedrich a propósito del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebró por primera vez el viernes, con el objetivo de intensificar los esfuerzos para garantizar que los alimentos que se consumen sean inocuos.

“Nuestras cadenas alimenticias son cada vez más complejas, más largas, nuestros medios de producción cada vez más concentrados y todo esto conlleva un peligro de contaminación voluntaria e involuntaria, por supuesto también ha llevado a una incertidumbre en los consumidores”, dijo, en un acto en la ciudad de La Paz.

La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lideran los esfuerzos para promover la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. Para la celebración en Bolivia se aliaron con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Ministerio de Salud (MS).

Cada año, según la FAO, casi una de cada diez personas en el mundo (se calcula que cerca de 600 millones) enferman y 420 mil mueren tras comer alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas.

Los alimentos nocivos impiden además el desarrollo de muchas economías de ingresos bajos y medios, que pierden alrededor de 95 mil millones de dólares anuales en productividad a causa de las enfermedades, la discapacidad y la muerte prematura de trabajadores.

La FAO y la OMS están aunando esfuerzos para ayudar al país a prevenir, gestionar y responder a los riesgos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, trabajando con los productores y vendedores de alimentos, las autoridades reguladoras y las partes interesadas de la sociedad civil, tanto si los alimentos se producen en el país como si se importan.