“Gobierno populista amenaza la libertad de expresión”

El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), César Ricaurte y Adriana León jefa del área de Libertad de Expresión del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), aseguran que en los países donde los gobiernos son populistas se aplica un “modelo o esquema” que pone en riesgo la libertad de expresión y que el acceso a la información tiene un manto de "oscurantismo".

Ricaurte de Ecuador, León de Perú y Guider Arancibia de Bolivia participaron de una conferencia internacional sobre la libertad de expresión en la Región Andina: retos y oportunidades, evento promovido por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

El ecuatoriano no duda al responder que los regímenes populistas en la región se han convertido en una “amenaza” para el ejercicio de la libertad de expresión, independientemente de una posición ideológica, los gobiernos populistas de derecha, de izquierda o ambos “construyen la idea de que los medios son el enemigo de los ciudadanos”, sostiene.

Considera “terrible” el crecimiento de gobiernos populistas y autoritarios, ejemplifica el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y de Estados Unidos, Donald Trump, que al igual que los gobiernos populistas de “izquierda” tienden a estigmatizar a los periodistas y a los medios de comunicación críticos a su administración.

“Lo primero que hacen estos gobiernos es convertir a la prensa en un enemigo. Lo que llama Trump los fake news, los enemigos del pueblo, o lo que se llamó en el gobierno de Rafael Correa o de Nicolás Maduro, los enemigos de la revolución, la prensa corrupta o sicaria. Se construye el imaginario de una prensa enemiga del país y de los ciudadanos”, reflexiona.

Posteriormente, asegura que se crean mecanismos institucionales para “arrinconar y acosar a la prensa” de manera sistemática, es decir, se crean organismos para ejercer control, se activa la presión vía instituciones estatales como impuestos, la seguridad social, entre otros.

En definitiva, Ricaurte afirma que el objetivo final es: “primero, minar la credibilidad de los periodistas y de la prensa; y segundo, es construir un relato oficial que predomine lo que te cuenta el gobierno esa es la verdad, eso es lo que la sociedad tiene que creer, a la prensa corrupta, a la prensa enemiga no se le puede creer”, describe.

León comenta que existen elementos comunes en varios países de la región, uno de esos elementos es la “estigmatización” a los periodistas a los medios de comunicación que tienen una línea crítica al partido gobernante.

Para varios gobiernos los medios y los periodistas “son sicarios, mercenarios, hace que la gente se crea el discurso oficial”, en Bolivia los llaman el “cártel de la mentira”, dice la periodista peruana; al recordar que el gobierno de Evo Morales, el 2016 calificó en esos términos a un grupo de medios de comunicación.

Acceso a la información

Ambos periodistas se refirieron a la situación del acceso a la información en los países de Región Andina, coincidieron que es fundamental e imprescindible contar, en todos los países, con normas de acceso a la información pública.

León asegura que el “problema es el secretismo y oscurantismo” que existe en las instituciones estatales, porque hay una cultura a ocultar la información pública, cuando la tendencia debería ser la máxima transparencia.

Explica que varios gobiernos utilizan el acceso a la información y a las fuentes como una “venganza” hacia los periodistas y los medios de comunicación, es decir, les niegan documentos, les rechazan entrevistas.

“Es evidente en Bolivia, Honduras, Nicaragua, Argentina, Ecuador, es como la venganza hacia la prensa independiente”, afirma la periodista de Perú.

Ricaurte coincide con León, plantea que en América Latina existe una “cultura del ocultamiento, del secretismo. “Cuesta a los poderes públicos rendir cuentas, entregar a los ciudadanos la información y eso obviamente afecta el trabajo periodístico”, manifestó.

Comenta que las restricciones a la información pública es común en varios países, incluso donde existe normativa que garantiza este derecho “es una constante que los gobiernos tratan de ocultar la información”, insiste.

Cree que los funcionarios públicos parten de una idea equivocada, de que la información es de su propiedad, cuando los dueños son los ciudadanos y los funcionarios solo se constituyen en “custodios”.

Insta a que en Bolivia se impulse una ley de acceso a la información, porque es “indispensable”. En el país está vigente un decreto supremo, un proyecto de ley fue frenado por las organizaciones de periodistas por las varias observaciones a un acceso libre de la información.