Denuncian ante CIDH al Gobierno por 72 casos en contra de defensores de DDHH y ONG
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) a través de su investigador, Pablo Villegas, participó en la audiencia temática: “Derechos Humanos, Desarrollo y Libertad de Asociación” organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 172...
Pablo Villegas
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) a través de su investigador, Pablo Villegas, participó en la audiencia temática: “Derechos Humanos, Desarrollo y Libertad de Asociación” organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 172 periodo de sesiones que se realiza en Kingston - Jamaica.
En representación del Cedib y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el investigador Pablo Villegas presentó evidencias sobre las restricciones a la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil boliviana, en especial de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la reducción del espacio cívico y los recurrentes ataques de los más altos funcionarios de Gobierno en contra de quienes critican y se manifiestan en rechazo a sus políticas extractivistas.
Durante su exposición, VIllegas mostró preocupantes restricciones respecto del ejercicio del derecho a la libertad de asociación en Bolivia; en particular para las organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso del Cedib y la APDHB.
Explicó que ambas instituciones, la APDHB y el Cedib, trabajan en defensa de los derechos humanos de defensores del medio ambiente en contextos de industrias extractivas y grandes infraestructuras.
Puntualizó que por su labor de denuncia de vulneraciones de derechos, entre 2012 y 2014, se dieron 35 diferentes actos de amedrentamiento en contra de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones indígenas.
“Los más relevantes son la expulsión de la ONG danesa IBIS, la toma física de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), dos de las organizaciones indígenas más importantes del país, y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP)”, mencionó.
En todos estos casos dijo que las actividades fueron interrumpidas y las entidades y sus bienes transferidos a personas vinculadas con entidades pro gubernamentales.
Durante el periodo 2015 al 2018 citó que se registraron 37 diversos actos de amedrentamiento, acoso y restricciones a la labor de ONG, organizaciones indígenas y defensores de Derechos Humanos.
La mayoría de estos tuvieron lugar en momentos de aprobación de decretos supremos que autorizaban actividades extractivistas como el 2298 de consulta previa en actividades hidrocarburíferas o el 2366 de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas.
“Entre algunos de los hechos más preocupantes mencionamos las amenazas de interrupción del trabajo de la ONG Caritas, el congelamiento de cuentas del Cedib y los intentos de toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, precisó.
En los casos del Cedib y la APDHB dijo que estuvieron precedidos de una serie de campañas públicas de desprestigio dirigidos por las más altas autoridades del Estado, así como de represión administrativa y restricciones a su normal funcionamiento legal.
El último señalamiento del Vicepresidente de Bolivia –dijo Villegas- se dio a través de una nota en un periódico de circulación nacional justamente días antes de la sesión de audiencias de la CIDH en Sucre Bolivia en febrero de este año.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias oportunidades la obligación de los Estados de abstenerse de promover leyes y políticas de registro de organizaciones de derechos humanos que utilicen definiciones vagas, imprecisas y amplias respecto de los motivos legítimos para restringir sus posibilidades de conformación y funcionamiento.
“Y sin embargo en Bolivia persisten normas, como la Ley 351 de 2013 que con definiciones vagas e imprecisas establece medidas desproporcionadas e injustificadas para obstaculizar el trabajo de las organizaciones defensoras. Así, por ejemplo, en 2015, 38 ONG fueron señaladas de “irregulares” por el Director Jurídico del Ministerio de Autonomías, acción que afectó hasta el presente su normal desempeño”, citó.
Villegas dijo que el Comité de Derechos Humanos, dentro del examen realizado al Estado boliviano en el marco de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación a la Ley 351 y su reglamento señaló que “debe modificar la normativa que regula la personalidad jurídica de ONG para eliminar los requisitos que restrinjan de manera desproporcionada la capacidad de las ONG, de operar de manera libre, independiente y efectiva.
Tomado de ANF
En representación del Cedib y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el investigador Pablo Villegas presentó evidencias sobre las restricciones a la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil boliviana, en especial de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la reducción del espacio cívico y los recurrentes ataques de los más altos funcionarios de Gobierno en contra de quienes critican y se manifiestan en rechazo a sus políticas extractivistas.
Durante su exposición, VIllegas mostró preocupantes restricciones respecto del ejercicio del derecho a la libertad de asociación en Bolivia; en particular para las organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso del Cedib y la APDHB.
Explicó que ambas instituciones, la APDHB y el Cedib, trabajan en defensa de los derechos humanos de defensores del medio ambiente en contextos de industrias extractivas y grandes infraestructuras.
Puntualizó que por su labor de denuncia de vulneraciones de derechos, entre 2012 y 2014, se dieron 35 diferentes actos de amedrentamiento en contra de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones indígenas.
“Los más relevantes son la expulsión de la ONG danesa IBIS, la toma física de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), dos de las organizaciones indígenas más importantes del país, y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP)”, mencionó.
En todos estos casos dijo que las actividades fueron interrumpidas y las entidades y sus bienes transferidos a personas vinculadas con entidades pro gubernamentales.
Durante el periodo 2015 al 2018 citó que se registraron 37 diversos actos de amedrentamiento, acoso y restricciones a la labor de ONG, organizaciones indígenas y defensores de Derechos Humanos.
La mayoría de estos tuvieron lugar en momentos de aprobación de decretos supremos que autorizaban actividades extractivistas como el 2298 de consulta previa en actividades hidrocarburíferas o el 2366 de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas.
“Entre algunos de los hechos más preocupantes mencionamos las amenazas de interrupción del trabajo de la ONG Caritas, el congelamiento de cuentas del Cedib y los intentos de toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, precisó.
En los casos del Cedib y la APDHB dijo que estuvieron precedidos de una serie de campañas públicas de desprestigio dirigidos por las más altas autoridades del Estado, así como de represión administrativa y restricciones a su normal funcionamiento legal.
El último señalamiento del Vicepresidente de Bolivia –dijo Villegas- se dio a través de una nota en un periódico de circulación nacional justamente días antes de la sesión de audiencias de la CIDH en Sucre Bolivia en febrero de este año.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias oportunidades la obligación de los Estados de abstenerse de promover leyes y políticas de registro de organizaciones de derechos humanos que utilicen definiciones vagas, imprecisas y amplias respecto de los motivos legítimos para restringir sus posibilidades de conformación y funcionamiento.
“Y sin embargo en Bolivia persisten normas, como la Ley 351 de 2013 que con definiciones vagas e imprecisas establece medidas desproporcionadas e injustificadas para obstaculizar el trabajo de las organizaciones defensoras. Así, por ejemplo, en 2015, 38 ONG fueron señaladas de “irregulares” por el Director Jurídico del Ministerio de Autonomías, acción que afectó hasta el presente su normal desempeño”, citó.
Villegas dijo que el Comité de Derechos Humanos, dentro del examen realizado al Estado boliviano en el marco de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación a la Ley 351 y su reglamento señaló que “debe modificar la normativa que regula la personalidad jurídica de ONG para eliminar los requisitos que restrinjan de manera desproporcionada la capacidad de las ONG, de operar de manera libre, independiente y efectiva.
Tomado de ANF
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