Franclin Gutiérrez decide denunciar al Estado en la CIDH por "abusiva" violación de derechos

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el Estado boliviano no precautela sus derechos y garantías constitucionales, más por el contrario lo persigue de forma abusiva y arbitraria a través de fiscales y jueces, informó su abogado Eusebio Vera.

El jurista informó a ANF que su defendido no tiene las condiciones para asumir su defensa, porque el Estado no garantiza la vigencia de sus derechos humanos en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes.

“La defensa de Franclin Gutiérrez ha decidido hacer una demanda internacional ante la CIDH por violaciones a la libertad, por violaciones a derechos y garantías constitucionales relacionadas a la libertad, el derecho a la vida y a la salud”, declaró Vera.

Explicó que la decisión fue asumida porque en el Estado boliviano están imposibilitados de asumir defensa en condiciones de respeto a los derechos humanos, al debido proceso del líder cocalero que está detenido en el penal de San Pedro desde agosto de 2018.

“Toda vez que el Estado tiene la obligación de preservar y precautelar estos derechos que en el caso de Franclin Gutiérrez no lo hacen, y por el contrario el Gobierno se encarga de perseguir en forma indebida, abusiva y arbitraria, usando a los fiscales y al poder judicial”, sostuvo el jurista.

Gutiérrez fue detenido en el mes de agosto del año pasado, acusado por la "emboscada" a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en La Asunta, donde murió el teniente Daynor Sandoval; aunque el dirigente cocalero no se encontraba en el lugar de los hechos fue imputado por varios delitos penales.

Ha pasado los seis meses que tiene el Ministerio Público para las investigaciones, pero ha solicitado otros 18 meses supuestamente para indagar nuevos actos en los que hubiera incurrido el presidente de Adepcoca. La defensa considera que es una detención sin fundamento basada en una imputación de carácter "subjetiva".

Acotó que el abogado ecuatoriano Jesús Vélez también viajará a Jamaica donde la CIDH realizará sus sesiones; Vera anticipó que hasta la próxima semana se pretende contar con la denuncia en contra del Estado, para que sea presentada ante el organismo internacional que vela por los derechos de personas que no encuentran justicia en sus países miembros de la OEA.

Por otra parte, dijo que este viernes se realizará una audiencia de apelación planteada por el Ministerio de Gobierno, la Policía y la víctima de la supuesta emboscada en La Asunta, porque la defensa de Franclin desvirtuó uno de los cuatro riesgos procesales que argumentan para mantener detenido a su defendido.

La pasada semana la justicia le negó la cesación a la detención preventiva de Gutiérrez, pese a que se desvirtuó uno de cuatro riesgos procesales, precisó el abogado Vera, al señalar que la apelación a la resolución judicial fue planteada sin fundamento.

Uno de esos riesgos presuntamente está vinculado a que el líder cocalero de los Yungas puede “influenciar sobre los testigos y otros partícipes relacionados a las investigaciones”.

Otro de los aspectos que alegan es que como presidente de Adepcoca “podría influir sobre esta organización cocalera en su conjunto”, sin embargo, su defensa consiguió certificaciones que, desde la detención de Gutiérrez, éste no tiene ninguna relación con su entidad ni directa ni indirectamente.

Asimismo, se ha demostrado que Gutiérrez desde hace ocho meses que no está inmiscuido ni vinculado en las decisiones institucionales de Adepcoca, y tampoco sus familiares se han relacionado con esta organización.

 
Tomado de ANF