A casi un año de las explosiones en Oruro, el caso sigue sin responsables y "en nada"

Se acercan los días festivos del Carnaval y también los recuerdos de las dos explosiones registradas en Oruro, que dejaron 12 personas fallecidas y más de 40 heridas. Los familiares de las víctimas afirman que el proceso de investigación continúa “en nada” porque no hay culpables identificados ni tampoco se logró esclarecer ninguna de las dos detonaciones.

“Lamentablemente (el caso) está en nada, no hay sospechosos, no hay nada. Nosotros estamos indignados y apenados por la actitud demostrada por el Estado, por sus instituciones, por cómo han encarado este crimen contra personas, contra la vida y contra la integridad física de las víctimas”, dijo a ANF la señora Aleida, miembro de la familia Gutiérrez Fernández, que perdió a ocho de sus integrantes en la primera explosión.

La primera detonación se registró el 10 de febrero de 2018 en un puesto de venta de chicharrón, perteneciente a Ana Fernández, que estaba ubicado en la calle Bakovic y avenida del Ejército, y donde murieron las primeras ocho personas.

A una cuadra de ese primer hecho, el 13 de febrero se produjo una segunda explosión, que dejó otros cuatro fallecidos.

Aleida recuerda con tristeza lo ocurrido, más aún porque al inicio se trató de incriminar a los mismos familiares de las víctimas.

Dijo que meses después del hecho, solicitaron al Gobierno traer peritos internacionales para que, junto a los investigadores bolivianos, puedan esclarecer la tragedia, pero no fueron escuchados.

“No hay ni instituciones, ni Estado que se haya pronunciado al respecto, por eso estamos apenados e indignados, no contamos con respuesta alguna ante este hecho sangriento, cruel e inhumano”, lamentó con lágrimas.

Señaló que al principio de las investigaciones, las autoridades expusieron una cadena de hipótesis, pero las mismas fueron descartadas una a una.

La primera hipótesis sostenía que la explosión del sábado de Carnaval se produjo por la fuga de gas de una garrafa usada en el puesto de venta.

Luego se dijo que las dos explosiones estaban vinculadas y que se habrían producido por represalias entre familiares.
También se manejó la versión de que dos jóvenes habrían activado una granada y provocado la primera explosión.

Del mismo modo se presumió que los móviles habrían sido por intereses económicos entre familiares.

Sobre la segunda explosión, en su momento, igualmente se sostuvo que era un atentado.

Pero la versión más fuerte que manejó la Policía y la Fiscalía es que Juan Carlos H. B. sería el principal sospechoso de la primera explosión y en torno a él se tejieron varias versiones.

Se afirmó que cometió el crimen por móviles pasionales porque habría tenido una relación sentimental con su cuñada y buscaba deshacerse de su pareja e hija; asimismo se sostuvo que él mostró una actitud pasiva y fría frente a los cuerpos de su hija y esposa fallecidas; e incluso lo acusaron de tener inclinaciones psicópatas porque en su muro de Facebook había publicado la imagen de Freezer, personaje villano de la serie animada Dragon Ball.

Con todas estas sospechas, la Fiscalía imputó a Juan Carlos por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, asesinato y feminicidio, y en marzo de 2018, la jueza Primero de Instrucción de Oruro, July Dipp, dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro de esa misma ciudad.

Sin embargo, en noviembre Juan Carlos logró salir de prisión con medidas sustitutivas y en enero de este año, la Fiscalía lo liberó de culpa con una resolución de sobreseimiento porque finalmente se estableció que no había suficientes indicios en su contra.

La abogada Lizeth Limachi, miembro de la comisión jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), agregó que los familiares de las víctimas se acercaron a esta institución en varias ocasiones pidiendo apoyo para el esclarecimiento del caso.

“Pues no se ha podido esclarecer nada. Ellos (los familiares) nos han dicho que la misma sociedad de Oruro quería saber lo que había pasado y a un año del hecho, ellos siguen queriendo conocer la verdad de lo ocurrido”, manifestó.

Apuntó que los familiares están consternados porque la investigación no avanza, pero la esperanza, de que se pueda esclarecer el caso, aún se mantiene.

Entre tanto, los familiares de Ana Fernández continúan dedicándose a la venta de chicharrón intentando reconstruir sus vidas, mientras que Juan Carlos H. B. también busca recuperar el tiempo perdido en la cárcel con trabajos particulares en su vivienda.
Tomado de ANF