Alarcón: el caso Quiborax está viciado de nulidad

El constitucionalista Carlos Alarcón, defensa del ex presidente Carlos Mesa afirmó que el caso Quiborax está viciado de nulidad, debido a la división ilegal determinada por el Fiscal General, y por tanto no reconocen las actuaciones de la Fiscalía de La Paz que rechazó la demanda interpuesta en contra del Procurador General del Estado y varios ministros.

“No hemos reconocido las actuaciones de la Fiscalía de La Paz porque hemos cuestionado su actuación; más bien esa división tendenciosa e ilegal por parte del fiscal General, Ramiro Guerrero ha sido formalmente cuestionada ante el Tribunal Supremo de Justicia, por eso para nosotros se ha generado un vicio de nulidad absoluta desde el origen y la forma de haber tramitado este proceso penal”, aseveró.

De ese modo, el jurista le restó importancia a la determinación asumida por la Fiscal de Distrito de La Paz, de rechazar la denuncia del ex presidente Mesa en contra del procurador, Pablo Menacho; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro, y la ex procuradora, Elizabeth Arismendi por considerar “subjetiva” la denuncia.

Alarcón dijo que toda denuncia es subjetiva en tanto no haya un fallo basado en pruebas, pero que en el presente caso hay suficientes elementos para demostrar una pésima defensa del Estado en el caso Quiborax, que le costó al país el pago de $us 42,6 millones. La demanda es por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, cometidos por los funcionarios.

“Entonces, lo que corresponde es esperar que este proceso se ventile en la Asamblea Legislativa y el Vicepresidente ya ha señalado que eso no se va a dar este año porque se debe seguir el orden sucesivo y progresivo de los procesos que están en espera, y cuando el oficialismo reactive el trámite legislativo de este proceso vamos hacer valer todos estas defensas para demostrar contundentemente los vicios de nulidad absoluta”, señaló.

En cuanto al fondo del asunto dijo que se demostrará la absoluta inocencia de Carlos Mesa y sus 13 ministros denunciados por haber determinado durante su Gobierno, la reversión de concesiones mineras de Quiborax por decreto supremo, y que en el Gobierno del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, subsanó algunos términos del decreto anterior pero se ratificó la salida del consorcio chileno del país.

“Es importante que el Fiscal General mire la película completa y sobre esa base vea que la parte de terror está en la defensa pésima que se ha realizado en la gestión del Gobierno de Evo Morales; ahí está la responsabilidad, y no la división del proceso”, dijo.

Alarcón cuestionó la proposición acusatoria en contra del ex presidente Mesa, sin contar con auditorías que identifiquen la responsabilidad penal, civil, ejecutiva, administrativa y económica, por lo que consideró necesario que la Contraloría General del Estado actúe de oficio en este caso.

“Quieren eliminarlo de rival político a Carlos Mesa porque van a forzar la candidatura de Evo Morales en contra de la Constitución”, aseveró.

Laudo arbitral
Alarcón consideró que el Estado boliviano podía haber apelado al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (CIADI), bajo el principio de respeto a la soberanía, considerando que el arbitraje fue resultado de la falsificación accionaria en la sociedad privada boliviana-chilena, la infidencia de información confidencial y otras irregularidades.

“Qué debería haber hecho el Estado boliviano para no dejarse humillar, para defender su dignidad, debería oponerse a la ejecución del laudo (…). El reglamento del CIADI dice que se respeta la soberanía de los países que van a ejecutar un laudo arbitral; si Bolivia no hubiera pagado a Quiborax, esta tendría que haber buscado un segundo país para hacer ejecutar a la fuerza ese laudo”, señaló.