Jubileo: se hubiera evitado el conflicto de la UPEA con incluir a las universidades en el pacto fiscal
La Fundación Jubileo a través de su analista en temas presupuestarios, René Martínez dijo que se hubiera evitado el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) con incluir a las universidades en el pacto fiscal, proceso que no resolvió problemas estructurales de distribución de...
René Martínez, analista económico e investigador de Fundación Jubileo
La Fundación Jubileo a través de su analista en temas presupuestarios, René Martínez dijo que se hubiera evitado el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) con incluir a las universidades en el pacto fiscal, proceso que no resolvió problemas estructurales de distribución de recursos y que mantiene el mismo esquema fiscal.
“Nosotros habíamos planteado que el pacto fiscal debía ser un espacio participativo en el cual debían estar instancias del Gobierno y la sociedad civil, académicos, pero no fue así, no fue un espacio amplio de debate y saltan este tipo de problemas que se hubieran evitado”, señaló.
Dijo que aunque se conoce que el pacto fiscal no se cerró por completo, las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías se realizan con participación del nivel central, gobernaciones y algunos representantes municipales, pero en ausencia de las universidades.
“Ahí, un primer problema, no han incluido a las universidades en el pacto fiscal (…). En principio se debía definir la distribución de recursos a nivel universidades a partir de principios de igualdad, equidad, solidaridad y trabajar la distribución de recursos de manera horizontal. Ahora, está en un debate unilateral que es más complicado”, manifestó.
Martínez observó que el pacto fiscal que se realizó sin participación de la sociedad civil y las universidades tampoco implementó ninguna transformación interesante en torno a la arquitectura fiscal y de distribución de los recursos públicos.
“Esto debía ser un tema del pacto fiscal y debieron estar otros participantes como universidades y sociedad civil para que haya un análisis técnico y una resolución pacífica de los problemas, con real participación, así se hubiera evitado este tipo de conflictos”, señaló.
La UPEA inició el lunes una marcha desde la localidad de Patacamaya rumbo a La Paz en demanda de la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria y un presupuesto adicional de BS 100 millones para la presente gestión. El Gobierno aprobó Bs 70 millones adicionales y observó la planilla de altos salarios para docentes y administrativos.
Según el analista económico e investigador, hay incongruencia entre el discurso y la realidad económica del país, y que puede llevar a situaciones de conflictividad a futuro. “La inconsistencia entre el discurso y los datos puede llevar al clima de conflictividad que se está viendo sus presupuestos mermados”, indicó.
“Hay un discurso desde el Gobierno que niega la desaceleración económica y que quiere hacer creer que seguimos en bonanza. Tuvimos una década de bonanza que había acabado hasta el 2014, del 2015 hacia adelante viene un periodo de desaceleración con la caída de los ingresos públicos y una disminución de una dinámica de diferentes indicadores económicos”, señaló.
Esta inconsistencia según Martínez, se puede evidenciar en la caída franca de ingresos públicos en los niveles subnacionales, donde las gobernaciones reciben por transferencia de impuestos y regalías menos de la mitad de 2014, mientras que los municipios perciben 33% menos, y las universidades tienen entre el 15 y 20% menos que hace cuatro años.
El empleo detrás del conflicto
La Fundación Jubileo también advierte que tras el clima de conflictividad está la demanda por empleo. “Más allá que sea visto de manera crítica por la tendencia de que las administraciones públicas incrementan de manera notable sus gastos corrientes, lo que puede afectar sus finanzas, hay un tema de empleo porque son salarios, y la gente necesita trabajar, la lectura también debe ser por ese lado”, dijo.
Martínez señaló que la cantidad de dinero que necesitan las universidades debió analizarse en el pacto fiscal desde el crecimiento inercial de todos los sectores y las demandas de la población de profesionales. “Todo va en aumento pero nunca hubo un análisis de cuánto se requiere para cada bien y servicio y ahí está la educación universitaria”, dijo.
En ese marco apuntó que el pacto fiscal debía contener un costeo de competencias para determinar el costo de cada bien y servicio que el Estado provee, y según eso distribuir los recursos porque solo así es posible el análisis técnico.
El conflicto de la UPEA que empezó hace seis semanas por mayor presupuesto, cobró la vida del universitario Jonathan Quispe, asesinado por el impacto de una canica disparada según el Gobierno por un efectivo de la Policía. La cifra de heridos, detenidos y huelguista suman de un lado, mientras que en las filas de los uniformados también se registraron varios heridos por bombas molotov, pedradas y palazos.
Tomado de ANF
“Nosotros habíamos planteado que el pacto fiscal debía ser un espacio participativo en el cual debían estar instancias del Gobierno y la sociedad civil, académicos, pero no fue así, no fue un espacio amplio de debate y saltan este tipo de problemas que se hubieran evitado”, señaló.
Dijo que aunque se conoce que el pacto fiscal no se cerró por completo, las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías se realizan con participación del nivel central, gobernaciones y algunos representantes municipales, pero en ausencia de las universidades.
“Ahí, un primer problema, no han incluido a las universidades en el pacto fiscal (…). En principio se debía definir la distribución de recursos a nivel universidades a partir de principios de igualdad, equidad, solidaridad y trabajar la distribución de recursos de manera horizontal. Ahora, está en un debate unilateral que es más complicado”, manifestó.
Martínez observó que el pacto fiscal que se realizó sin participación de la sociedad civil y las universidades tampoco implementó ninguna transformación interesante en torno a la arquitectura fiscal y de distribución de los recursos públicos.
“Esto debía ser un tema del pacto fiscal y debieron estar otros participantes como universidades y sociedad civil para que haya un análisis técnico y una resolución pacífica de los problemas, con real participación, así se hubiera evitado este tipo de conflictos”, señaló.
La UPEA inició el lunes una marcha desde la localidad de Patacamaya rumbo a La Paz en demanda de la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria y un presupuesto adicional de BS 100 millones para la presente gestión. El Gobierno aprobó Bs 70 millones adicionales y observó la planilla de altos salarios para docentes y administrativos.
Según el analista económico e investigador, hay incongruencia entre el discurso y la realidad económica del país, y que puede llevar a situaciones de conflictividad a futuro. “La inconsistencia entre el discurso y los datos puede llevar al clima de conflictividad que se está viendo sus presupuestos mermados”, indicó.
“Hay un discurso desde el Gobierno que niega la desaceleración económica y que quiere hacer creer que seguimos en bonanza. Tuvimos una década de bonanza que había acabado hasta el 2014, del 2015 hacia adelante viene un periodo de desaceleración con la caída de los ingresos públicos y una disminución de una dinámica de diferentes indicadores económicos”, señaló.
Esta inconsistencia según Martínez, se puede evidenciar en la caída franca de ingresos públicos en los niveles subnacionales, donde las gobernaciones reciben por transferencia de impuestos y regalías menos de la mitad de 2014, mientras que los municipios perciben 33% menos, y las universidades tienen entre el 15 y 20% menos que hace cuatro años.
El empleo detrás del conflicto
La Fundación Jubileo también advierte que tras el clima de conflictividad está la demanda por empleo. “Más allá que sea visto de manera crítica por la tendencia de que las administraciones públicas incrementan de manera notable sus gastos corrientes, lo que puede afectar sus finanzas, hay un tema de empleo porque son salarios, y la gente necesita trabajar, la lectura también debe ser por ese lado”, dijo.
Martínez señaló que la cantidad de dinero que necesitan las universidades debió analizarse en el pacto fiscal desde el crecimiento inercial de todos los sectores y las demandas de la población de profesionales. “Todo va en aumento pero nunca hubo un análisis de cuánto se requiere para cada bien y servicio y ahí está la educación universitaria”, dijo.
En ese marco apuntó que el pacto fiscal debía contener un costeo de competencias para determinar el costo de cada bien y servicio que el Estado provee, y según eso distribuir los recursos porque solo así es posible el análisis técnico.
El conflicto de la UPEA que empezó hace seis semanas por mayor presupuesto, cobró la vida del universitario Jonathan Quispe, asesinado por el impacto de una canica disparada según el Gobierno por un efectivo de la Policía. La cifra de heridos, detenidos y huelguista suman de un lado, mientras que en las filas de los uniformados también se registraron varios heridos por bombas molotov, pedradas y palazos.
Tomado de ANF
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