El derecho humano de Quecaña a reelegirse
Se ha hecho costumbre en el Chaco – dice una de las autoridades de perfil bajo – que cuando se reniega por una cosa públicamente se haga escándalo por otra, sea el 45%, sea una marcha contra Setar, sea una protesta bagayera, en realidad, demasiadas veces, tienen que ver con pulsos internos...



Se ha hecho costumbre en el Chaco – dice una de las autoridades de perfil bajo – que cuando se reniega por una cosa públicamente se haga escándalo por otra, sea el 45%, sea una marcha contra Setar, sea una protesta bagayera, en realidad, demasiadas veces, tienen que ver con pulsos internos de poder dentro de las instituciones o los partidos que gobiernan.
El último capítulo es el de la Ley de Régimen Electoral. La Asamblea Regional del Chaco, que no tiene cualidad legislativa, está empeñada en bloquear el avance del tratamiento de la ley alegando que se están invadiendo competencias de la Autonomía Regional al pretender regular la forma en que se eligen a las autoridades en la Región Autónoma.
El argumento no soporta un detector de “fakes”, no solo porque la Asamblea Regional no tenga cualidad legislativa, ni porque el Órgano Electoral haya dicho que es en la Ley Electoral donde se debe incluir el capítulo específico, sino porque la propuesta de Ley simplemente ha copiado y pegado lo que ya dice el Estatuto al respecto y porque hay una distancia grande entre “no imponer ninguna autoridad Regional” y establecer los mecanismos mediante los cuales los chaqueños elegirán a las suyas.
Es evidente entonces que el problema está en la Ley, pero no en la forma de elegir las autoridades de la Autonomía Regional. Los que conviven en el Chaco coinciden en que tiene que ver mucho más con el poder coyuntural y con los precedentes de alto riesgo.
La consolidación del proyecto político chaqueño se ha erigido sobre la Ley 3038, que asigna el 45% de la renta petrolera departamental al Chaco, pero sobre todo en la división ecuánime de esos recursos y cualquier otro, como el político, entre las tres secciones municipales sin importar producción, territorio o población. El nuevo reparto de curules que impone el Órgano Electoral viene a entregar el poder político a Yacuiba, por su hegemonía poblacional, mientras sigue siendo la región que no produce una molécula de gas. El precedente es peligroso, pero digerible.
Un analista chaqueño y pegado al MAS que ejerce en Cercado advierte del derecho humano de José Quecaña a ser reelegido cuantas veces quiera, que entra en colisión con el cumplimiento de un mandato democrático y constitucional asumido mediante la legitimidad del voto. No deja de ser paradigmático que uno sea electo mediante lo más sagrado en democracia - que es el voto - para cinco años, y que sin embargo una reglamentación te obligue a apartarte muchos meses antes para optar a la reelección. Ningún argumento sobre el uso oportunista del poder para fines reproductivos cuenta con legitimidad desde el momento en que la normativa hace la excepción, ni más ni menos, que con Presidente y Vicepresidente, las dos personas más poderosas del país.
El mismo analista dice que ahora que hay un pretendido intento de hacer adulta la democracia nacional, eliminando la limitación de mandatos y confiando en el criterio popular para juzgar los agotamientos, bien vendría acabar con el absurdo de la renuncia y, de paso, con el voto obligatorio.
Su némesis, sin embargo, dice que la teoría de la no renuncia no surge del Pacto de San José sino del vil temor a la puñalada por la espalda. El MAS se ha diluido en mil pedazos a nivel nacional, pero ha tomado verdaderos ribetes de miedo, sobre todo, en Tarija, allí donde menos votación se arrastra incluso entre la supuesta militancia.
En el Chaco, el MAS ha logrado grandes cuotas de poder: la alcaldía de Villa Montes, la Subgobernación de Caraparí, la Asamblea Regional y la máxima instancia ejecutiva de la Región Autónoma, aunque en esencia solo sea el ejecutivo de Yacuiba. El problema es que ninguno se fía de ninguno.
Quecaña ha sumado en su ejecutivo a diferentes factores, desde gente de Carlos Brú hasta líderes del carisma de Ermás Pérez, pero eso no ha traído la paz. La “inocencia” o “ineptitud” en la gestión hace el resto. Quecaña quiere, al menos, poder dejar por decreto a su sucesor, aún sabiendo que solo estaría tranquilo nombrándose a sí mismo. Mario Aldana, presidente de la Asamblea Regional, también quiere dejar por decreto a su sucesor, y en la medida de lo posible, al de José Quecaña. Tan hermanos tantas veces.
De momento la Ley se para. Váyase a saber de qué estamos hablando.
El último capítulo es el de la Ley de Régimen Electoral. La Asamblea Regional del Chaco, que no tiene cualidad legislativa, está empeñada en bloquear el avance del tratamiento de la ley alegando que se están invadiendo competencias de la Autonomía Regional al pretender regular la forma en que se eligen a las autoridades en la Región Autónoma.
El argumento no soporta un detector de “fakes”, no solo porque la Asamblea Regional no tenga cualidad legislativa, ni porque el Órgano Electoral haya dicho que es en la Ley Electoral donde se debe incluir el capítulo específico, sino porque la propuesta de Ley simplemente ha copiado y pegado lo que ya dice el Estatuto al respecto y porque hay una distancia grande entre “no imponer ninguna autoridad Regional” y establecer los mecanismos mediante los cuales los chaqueños elegirán a las suyas.
Es evidente entonces que el problema está en la Ley, pero no en la forma de elegir las autoridades de la Autonomía Regional. Los que conviven en el Chaco coinciden en que tiene que ver mucho más con el poder coyuntural y con los precedentes de alto riesgo.
La consolidación del proyecto político chaqueño se ha erigido sobre la Ley 3038, que asigna el 45% de la renta petrolera departamental al Chaco, pero sobre todo en la división ecuánime de esos recursos y cualquier otro, como el político, entre las tres secciones municipales sin importar producción, territorio o población. El nuevo reparto de curules que impone el Órgano Electoral viene a entregar el poder político a Yacuiba, por su hegemonía poblacional, mientras sigue siendo la región que no produce una molécula de gas. El precedente es peligroso, pero digerible.
Un analista chaqueño y pegado al MAS que ejerce en Cercado advierte del derecho humano de José Quecaña a ser reelegido cuantas veces quiera, que entra en colisión con el cumplimiento de un mandato democrático y constitucional asumido mediante la legitimidad del voto. No deja de ser paradigmático que uno sea electo mediante lo más sagrado en democracia - que es el voto - para cinco años, y que sin embargo una reglamentación te obligue a apartarte muchos meses antes para optar a la reelección. Ningún argumento sobre el uso oportunista del poder para fines reproductivos cuenta con legitimidad desde el momento en que la normativa hace la excepción, ni más ni menos, que con Presidente y Vicepresidente, las dos personas más poderosas del país.
El mismo analista dice que ahora que hay un pretendido intento de hacer adulta la democracia nacional, eliminando la limitación de mandatos y confiando en el criterio popular para juzgar los agotamientos, bien vendría acabar con el absurdo de la renuncia y, de paso, con el voto obligatorio.
Su némesis, sin embargo, dice que la teoría de la no renuncia no surge del Pacto de San José sino del vil temor a la puñalada por la espalda. El MAS se ha diluido en mil pedazos a nivel nacional, pero ha tomado verdaderos ribetes de miedo, sobre todo, en Tarija, allí donde menos votación se arrastra incluso entre la supuesta militancia.
En el Chaco, el MAS ha logrado grandes cuotas de poder: la alcaldía de Villa Montes, la Subgobernación de Caraparí, la Asamblea Regional y la máxima instancia ejecutiva de la Región Autónoma, aunque en esencia solo sea el ejecutivo de Yacuiba. El problema es que ninguno se fía de ninguno.
Quecaña ha sumado en su ejecutivo a diferentes factores, desde gente de Carlos Brú hasta líderes del carisma de Ermás Pérez, pero eso no ha traído la paz. La “inocencia” o “ineptitud” en la gestión hace el resto. Quecaña quiere, al menos, poder dejar por decreto a su sucesor, aún sabiendo que solo estaría tranquilo nombrándose a sí mismo. Mario Aldana, presidente de la Asamblea Regional, también quiere dejar por decreto a su sucesor, y en la medida de lo posible, al de José Quecaña. Tan hermanos tantas veces.
De momento la Ley se para. Váyase a saber de qué estamos hablando.