¿Es la corrupción el problema de América Latina?

Así lo declaró John F. Kelly, ex comandante de dicho comando (hoy Jefe de Gabinete de Trump) cuando tuvo que referirse al principal enemigo en América Latina “La raíz del problema es el sistema legal y la corrupción…”, visión que constituye el eje de la estrategia del Comando Sur para 2018, pues la corrupción se presenta como uno de los principales factores de inseguridad.La reciente cruzada contra la corrupción en América Latina, que alcanzó uno de sus “éxitos indiscutidos” con el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, tiene algunas características que suelen pasar desapercibidas:1.- Existe una estrecha relación entre el modo en que los aparatos judiciales de América Latina reconstruyen los casos de corrupción (en particular el de Odebrecht en Brasil) y la asesoría del Departamento de Justicia estadounidense.2.- El aggiornamiento de los aparatos judiciales de América Latina en lo relativo a lucha contra la corrupción formó parte del programa de “modernización del Estado” implementado por Instituciones Financieras Internacionales, Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales en el marco del ajuste estructural de los ’80 y ‘90s en América Latina. La relación persiste a través de cursos de capacitación, intercambio de información, etc.3.- Existe un vínculo evidente y necesario entre la reconstrucción del caso de corrupción propiciada por el aparato judicial, el operativo de la prensa para manufacturar consentimiento en la opinión pública a favor de esta lucha  y el momento (timing político) en el que todo esto ocurre (en general cercano a elecciones o a votaciones de leyes importantes en el Congreso). Factores que confluyen en la creciente judicialización de la política en la región.4.- A corto plazo, se instala la idea de “cruzada contra la corrupción en general”, pero los más afectados no solo a nivel judicial sino a nivel mediático han sido los partidos políticos y funcionarios de gobiernos progresistas, siendo el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño y la destitución de Dilma Rousseff el ejemplo más contundente (pero no el único).5.- A mediano plazo, se espera que esta “razia” contra políticos corruptos (re)instale o refuerce un sentido común y una lógica que fue cuestionada por los gobiernos progresistas (y las mayorías que los votaron), a saber: a) que todos los funcionarios son corruptos, que buscan participar de la esfera estatal para robarle al erario público; por consiguiente b) todos los partidos políticos son corruptos y en consecuencia, la gente que se involucra en política, incluso en militancia de base es más corruptible que cualquier otra; c) en conclusión, el Estado es el “coto de caza” de políticos corruptos y lo público debe reducirse o desaparecer por ineficiente; así se comprende por el contrario que, d) el sector privado es eficiente y transparente; e) que entonces deben ser los empresarios los que ocupen la esfera política formal para garantizar eficiencia y transparencia; f) que el Estado debe ser tratado como una empresa, devaluando y denostando “lo público”.

 “El mal del populismo” En un reciente artículo publicado por la prensa hegemónica estadounidense, se hace un “tributo” a Sergio Moro, el juez que llevó al estrellato la causa del Lava Jato, causa que se viene desarrollando desde hace cuatro años y que ha persistido gracias a la “presión incesante de figuras como el juez Moro”. El Departamento de Justicia estadounidense lo califica como uno de los casos de sobornos a nivel internacional de mayor calado. Y parte del alcance del caso tiene mucho que ver con dicho Departamento de Justicia: no solo se está “llevando” parte del caso desde EEUU, sino que el modo en que se construyó el caso en Brasil está asociado al asesoramiento y sugerencias provistas desde EEUU. Una prueba de ello es el proyecto puentes de octubre 2009, donde el asesoramiento de EEUU se centró en “prácticas concretas” para combatir lavado de dinero y tráfico ilícito, curso que contó con la presencia y exposición del mismo Sergio Moro, y que tuvo tanto éxito que funcionarios estadounidenses afirmaron: “hay una necesidad de continuar con este tipo de entrenamiento práctico de jueces federales y estatales de Brasil”.Tal como lo destaca el Inter-American Dialogue, el giro del Lava Jato fue a partir del encarcelamiento del CEO de Odebrecht, que a su vez condujo al momento culmen: el juicio por corrupción al ex presidente Lula da Silva (de quien todavía no han podido comprobarse las acusaciones), a la vez que allanó el camino para el derrocamiento de Dilma Rousseff. Vale agregar aquí (considerando que lo que preocupa es la corrupción) que el juicio político a Rousseff  devino “inminente” gracias a una conversación entre Dilma y Lula que fue difundida a pesar de haber sido grabada luego de expirado el permiso para tomar este tipo de información). Es considerado un “héroe nacional”, en las manifestaciones contra el gobierno del PT, se leía en algunas camisetas: “todos somos Sergio Moro”. Él representaría la “salvación” del Estado de Derecho brasileño. La pregunta aquí es ¿salvarlo de quiénes y a favor de quiénes otros?

Los intereses de fondoComo último punto de esta “cruzada contra la corrupción” y asociado al caso de Odebrecht, pero no circunscrito a él, surge el interrogante sobre los intereses concretos que podrían estar guiando esta batalla. La pregunta es de difícil respuesta. Sin embargo, hay algunos aspectos sugerentes a primera vista. La empresa brasileña Odebrecht era una de las principales constructoras, vinculada a numerosos proyectos de infraestructura a nivel regional ¿cómo afecta esto al sector infraestructura de América Latina? ¿Quiénes se quedarán con las concesiones y proyectos de Odebrecht que ya no pueden operar?Los “expertos” que estudian el futuro de la inversión en infraestructura en la región, aseguran que es un momento difícil para ese rubro. Lo primero que apuntan, es que la región muestra un gran déficit, pues ni siquiera durante el “boom” de las commodities (2004- 2013) se logró superar el 3% de inversión pública y privada en infraestructura. Vemos que las fechas coinciden con los períodos de gobiernos progresistas en varios países de América Latina, que fueron culpados por el “despilfarro” o el abuso de proyectos de infraestructura para beneficiarse de las coimas… algo que no coincide con la inversión deficitaria en el sector. Más allá del “duro momento”, el informe advierte que aquellos “líderes visionarios” entenderán que el desarrollo de infraestructura es la clave para mejorar la competitividad de la región “aunque el sector público no pueda enfrentarlo por sí solo”, de modo que la “próxima generación de infraestructura será financiada por el sector privado, incluyendo bancos comerciales que buscan rendimientos, los fondos de pensiones latinoamericanos en crecimiento, así como inversionistas internacionales de acciones y prestamistas no bancarios”. No parece casual entonces, que el comunicado oficial de la reciente gira del vicepresidente estadounidense Michael Pence por algunos países de América Latina tuviera como uno de sus objetivos la expansión de negocios vinculados al desarrollo de infraestructura, a la vez que viajó con un sinnúmero de representantes de las transnacionales más importantes de su país (léase, del sector privado). Esto es parte esencial del retorno del neoliberalismo puro y duro.Con respecto a la segunda pregunta, Moodys señala que “varias concesiones de infraestructura han sido interrumpidas y deberán ser relanzadas como resultado del escándalo de corrupción de Odebrecht”. Estos proyectos abarcan desde gasoductos hasta emprendimientos para lograr la navegabilidad de los ríos. En el caso de Brasil, Odebrecht formó parte de diversos proyectos del Estado durante la gestión del PT, orientados a desarrollo de infraestructura, petroquímica, energía nuclear, etc., en el marco de un plan estratégico de defensa y desarrollo tecnológico en un momento de despegue de Brasil como potencia regional y en el marco del descubrimiento de una de las reservas de hidrocarburos más importantes del Atlántico Sur, el Pre-Sal (en manos de la estatal Petrobras), lo que sumó un factor más a la importancia geopolítica de por sí crucial de Brasil a nivel regional y hemisférico –importancia que fue remarcada por Stratfor, empresa de análisis de inteligencia y seguridad internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales-. Precisamente dos meses después del derrocamiento de Dilma Rousseff, el Congreso brasileño aprobó la ley para quitar a Petrobrás el monopolio sobre la explotación de los recursos del Pre-Sal, abriéndose el espacio a las petroleras transnacionales. A mediados de 2017, el Congreso aprobó una reforma laboral a todas luces neoliberal. Este evidente retorno al libre mercado sin restricciones, figura también como uno de los objetivos de la estrategia del Comando Sur para el 2018, bajo el lema de “Asociación para las Américas”: “…un futuro próspero para la región, descansa en el refuerzo de los valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de libre mercado”.Ante lo expuesto, valen algunos interrogantes ¿es la corrupción el problema de América Latina? ¿O el problema de América Latina es que su “agenda” es definida desde los centros de poder, en particular desde el sector privado-público estadounidense, las corporaciones que poseen jugosos intereses en común con las derechas a lo largo y ancho de la región?