La pesadilla del gas se cierne sobre Sánchez

Hace algo más de un mes salió a superficie una de tantas guerras soterradas del Movimiento Al Socialismo. Los cruces de declaraciones entre miembros prominentes, como Héctor Arce o Edmundo Novillo se sumaban a la hondonada de ganchos lanzados desde los medios más próximos al vicepresidente Álvaro García Linera contra el presidente de YPFB, Guillermo Achá. Todo parecía apuntar a un quiebre inminente, una cabeza rodando en primera instancia y otro fracaso sonado en el intento de ser alguien en esto de explorar y explotar nuestros soberanos recursos en segunda.Todo parecía apuntar a la caída de Achá, pero más bien se sobrevino un silencio sepulcral en todas las instancias. Ni siquiera la oposición quiso ahondar más en el tema. Ni siquiera Tuto lo incorporó a su discurso coyuntural. Algo demasiado fuerte parece que había pasado o quizá tocó sensibilidades profundas que con la misma virulencia con la que entró en escena, desapareció.Al escandalete le siguió una constatación. El embajador argentino se pasó de frenada atacando a Bolivia para justificar el negociete de sus jefes comprando gas a través de Chile cuatro veces más caro que el boliviano, pero tocó hueso. Las cuentas no salen y cuando el ministro intentó huir hacia adelante recordando lo fundamental del mercado interno se complicó aún más. 16 millones de metros cúbicos para consumir en casa, 30,5 que puede pedir Brasil y 19,9 que puede pedir Argentina son más que los más o menos 60 que se producen y más de los 61,8 que se erigió en record histórico en 2016. De nada sirve insistir en que cuando entró Evo se producían 30.En este tiempo se ha firmado un principio de acuerdo con algunos Estados brasileros que sustituirán al “gran contrato” con Petrobras a partir de 2019 y que será por la mitad del combustible. La razón es eminentemente política, y todo podría cambiar si finalmente Temer no logra salir con vida del último escándalo de corrupción que lleva su nombre cuando apenas ha cumplido un año de la serruchada de piso a Dilma Rousseff. Pero la razón también es técnica, no hay reservas para sostener un contrato a largo plazo, Petrobras lo sabe muy bien. La certificación anual de Reservas va camino de convertirse de nuevo en papel mojado.Y entre unas y otras apareció Óscar Ortiz, el senador favorito de Rubén Costas, para poner en cuestión la planta petroquímica del Gran Chaco, cuya construcción fue adjudicada los primeros días de abril pero cuyo anuncio fue postergado precisamente por las coincidencia en el tiempo y en los nombres con el escándalo de los taladros.Ortíz sumó un poco de un problema y un poco del otro y listo, nuevo escándalo a destiempo, o demasiado a tiempo. La planta de propileno será la inversión más cara de la historia de Bolivia con 2.000 millones de dólares, una cifra lo suficientemente alta en tiempos de crisis como para poder ser utilizada por el populismo conservador. Peor si además no hay reservas certificadas. Peor si encima se adjudica a una empresa, Tecnimont, que ya trabajó en la pre inversión y la definición de la planta que finalmente se adjudica, algo que huele a podrido a cuadras de distancia. El tiempo que se está tomando el Gobierno para definir y publicitar el proyecto hace temer que vaya a pasar a mejor vida. En el plan que manejaba el extinto presidente de YPFB, Carlos Villegas, allá por 2012, la planta debía estar funcionando en 2018, ahora es seguro que llegaremos a esa fecha sin siquiera un estudio a diseño final. El problema puede ser que se ha perdido demasiado tiempo, quizá se ha hecho perder por una deliberada falta de fe en un proyecto liberador, nacional, un proyecto de país que ahora parece no interesarle demasiado a nadie. El drama está servido. El Ministro Sánchez, ratificado en enero de esta gestión, debe ponerse manos a la obra cuanto antes. O lo contrario.