El gas, el petróleo, los taladros

que producen aproximadamente un tercio de los 90 millones de barriles que se comercializan en el mundo cada día y un buen bloque de países productores no asociados al lobby petrolero pero que igualmente hacen oscilar el mercado. Los primeros apostaron por reducir las cuotas de producción en 1,2 millones de barriles al día, los otros en 600.000. El objetivo declarado era hacer que el barril de petróleo volviera, al menos, a los 60 dólares y como toda intención declarada, parece va camino del fracaso. Desde que se anunció el acuerdo en noviembre el barril empezó a encarecerse y superó los 50 dólares en enero y febrero, pero en marzo ha emprendido el camino de retorno a los 45 dólares que marcó la mayor parte del año 2016. El viernes perdió también la barrera de los 48.Con la economía mundial desacelerada, los analistas, de nuevo, echan la culpa al shale estadounidense. En dos años las empresas han conseguido bajar costos de producción hasta los 40 dólares y todavía se advierte que hay margen de mejora. Las protestas medioambientales que evidenciaron el alto impacto en los acuíferos del “fracking”, la técnica empleada para la recuperación horizontal, fueron literalmente abducidas por la crisis y los dividendos. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos, cuyas inquietudes medioambientales rozan el cero, ha despertado el júbilo entre las grandes transnacionales que ya alistan peticiones para nuevas reservas y territorios.Fracasado el intento, Rusia, Arabia Saudí, Venezuela, Irán y el resto de países productores con grandes expectativas han empezado a tomar sus decisiones unilaterales, desde la devaluación interna hasta la privatización de la gran empresa estatal con tal de adecuarse a los nuevos márgenes y lograr sacar adelante los grandes proyectos de explotación paralizados. Las expectativas, por tanto, no son demasiado positivas ni para los proyectos petroleros ni para los del gas con precios asociados.

BoliviaEl escenario en Bolivia no resulta fácil. Entrampada contra el tiempo por la negociación del nuevo contrato de exportación con Brasil, pensar a largo plazo está empezando a ponerse complicado.Bolivia tiene un plan de exploración que habla de 30 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) hasta 2023, aunque los plazos se van adaptando al aforo y al propio paso del tiempo. Los últimos años los proyectos de exploración han ido mal, por ejemplo en 2016 solo uno de los 13 pozos intentados fue positivo. El Ministro Luis Alberto Sánchez, en entrevista con El País tarijeño, señaló que no se tienen previstos proyectos que contemplen exploraciones no convencionales pese a que la industria se ha enfocado en ese camino y ya existen estudios sobre el potencial boliviano en esa materia y que duplican las expectativas. En el pasado ya se vivió una contradicción entre la puerta que abrió el ex presidente fallecido de YPFB, Carlos Villegas, a explorar estas técnicas y las declaraciones condenatorias del entonces enérgico Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que en presencia de altos dirigentes de la rusa Gazprom criticó el fracking por su carácter atentatorio del medioambiente.El plan del Ministerio pasa por la polémica Ley de Incentivos a la producción, que se lleva el 12 por ciento del IDH para premiar a las petroleras que aceleren sus inversiones. Con los precios de nuevo bajos, las posibilidades de que lo hagan son moderadas. Incluso Repsol, siempre presto a dar la mano al Gobierno ante las dificultades tienen dudas sobre los megaproyectos de Boyuy, aledaño a Margarita, donde debe desplazar una de las perforadoras cuando termine de operar en Huacaya si es que los precios no remontan de forma significativa.El otro plan pasa por la nueva Ley de Hidrocarburos, un documento largamente esperado y largamente demorado, al que se le han puesto decenas de fechas límite sin que se cumplan. En principio el Ministro señaló que el documento solo aglutinará la diferente legislación dispersa en varias leyes (para después aclarar que no se tocará el 45%) y se adecuará a lo dicho en el Decreto de Nacionalización de 2006. El debate, una vez más, vuelve a ser el papel que se le otorgará a YPFB y a las empresas petroleras, pese a estar aparentemente claro. Aquellos que siguen desconfiando de la eficiencia del Estado piden reducir el peso de YPFB. También aquellos que han hecho grandes amigos en las empresas subsidiarias y de servicios. De momento, y mientras se calienta el debate de la Ley en el interior del Gobierno y el partido, el tema de la compra de las tres perforados de YPFB ha estallado desde dentro. Sin duda un asunto que hay que investigar a fondo sin perder de vista que, cuantas más dudas se arrojen sobre la capacidad de YPFB de convertirse en una gran empresa de operaciones y con tecnología propia, más contentos se pondrán los que mandan en las transnacionales. Y sus amigos.