¿Por qué no interesa atender el Plan de Rescate?

El mismo Arce Catacora reconoció en septiembre que los indicadores económicos en Tarija eran pésimos y que caminaba a paso firme hacia la recesión. Es decir, Tarija y su 5 por ciento de peso poblacional y territorial estaba en crisis profunda y había que tomar medidas urgentes.Seguramente en septiembre ya era tarde para dar el empujón del 0,13 por ciento. Quizá en abril se podía haber tapado la herida de la contracción. Pero los meses pasaron. El ministro culpó a Oliva de mala gestión y de tener recursos en caja y banco sin gastar mientras se dedicaba a exigir. El ministro hizo un diagnóstico hace más de un mes, crítico, muy preocupante para los tarijeños, para todos los bolivianos, y sin embargo hasta el momento no se ha puesto una solución.La única solución hasta ahora propuesta, pasa por el denominado “Plan de Rescate” un compendio de proyectos inconclusos y demandas históricas que debería culminar en un crédito a largo plazo para el departamento de Tarija, dicho sea de paso, el departamento con mayor capacidad de endeudamiento teniendo en cuenta los millonarios planes de explotación gasífera del Ministerio de Hidrocarburos.El diagnóstico está muy claro: Hay un porrón de obras desperdigadas por todo el territorio que cuestan un montón de plata y que ni con este ni con el presupuesto de los próximos cinco años se podrán pagar. Según la Gobernación eran unos 4.800 millones de bolivianos, según el Ministerio unos 2.300. Una vez puestos de acuerdo en el monto, habría que buscar las vías de financiación.Sin embargo, de repente, las conversaciones se han roto y a nadie parece importarle demasiado que Tarija siga agonizando “en riesgo de recesión”. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué el Plan de Rescate no es prioridad? Las respuestas entre los consultados se agrupan en tres ejes:

1.- Porque hay que transparentarlo todoHasta el momento, la Gobernación arroja cifras macro, como a bulto, sumando ceros y millones en concepto de obras inconclusas. Puede presentar gráficos incluso determinando los montos por provincias. Pero lo que no hay son muchos nombres y apellidos sobre la mesa. Proyectos concretos con sus cantidades concretas, empresas adjudicatarias, fechas de firmas y sobre todo, anticipos entregados.Transparentarlo todo supone saber quién licitó qué y porqué y quien autorizó. También en qué estado se encuentran esos proyectos y cuánto dinero hace falta para culminarlos. El Gobierno, que compartía signo político con la Gobernación de Lino Condori, tampoco parece muy interesado en entrar al fondo de la cuestión sobre la utilidad o no de determinados proyectos. Las transparencia es de por si un requisito incómodo para muchos y que puede causar dolores de cabeza a los aliados, estratégicos o potenciales.

2.- Porque no hay grandes obrasEn lo adeudado por concepto de obras licitadas y adjudicadas que les falta dinero para avanzar no hay grandes obras. Es difícil explicarle al ciudadano que se va a contraer una deuda a largo plazo de proporciones importantes (como dos veces el presupuesto anual de Tarija) para concluir obras que apenas existen o, con todos los respetos, no resultan especialmente relevantes.Es complicado explicar que de los diez años de bonanza que ha atravesado Tarija no va a quedar ni una obra relevante. El Materno Infantil se construye con recursos de la UPRE, lo propio será el Oncológico si finalmente se lleva adelante. La parte sustancial de la ruta al Chaco es financiada con la emisión de bonos soberanos…Por Tarija han pasado cuatro mil millones de dólares y se han ido en caminitos, atajados y represas que no han mejorado la productividad agrícola: ni hay precios más baratos en los mercados ni empresas pujantes arrasando el mercado agroalimentario del país. Lo que si hay son vagonetas de lujo y una burbuja inmobiliaria importante en todas sus capitales.

3.- Porque ya no hay negocio¿O porque ya está hecho? Algunas constructoras sostienen boletas de garantía en los bancos para unas obras que difícilmente se retomarán. Es la pérdida hasta que se tomen las decisiones.Si la necesidad de financiación es de 4.800 millones de bolivianos, no es difícil calcular que unos 1.000 ya se han ido en anticipos y piedras fundamentales. Mil millones de bolivianos tirados a lo largo y ancho del departamento y sobre los que algunos prefieren no ser preguntados. “Ya fue”, “ni modo”. Mil millones que no resistirían una auditoría.

¿Y ahora qué?El ministro Luis Arce Catacora, que tiene muchos y muy buenos amigos en Tarija, es consciente de esta situación y ya ha determinado correr un tupido velo sobre el asunto. Tan poco lucen los mil millones de bolivianos. Tan poco se iba a poder lucir con los 4.800 financiados a largo plazo, que para algunos la mejor solución es dejarlo como está y dedicarse a otra cosa. No hablar demasiado de ello.La argumentación oficial del Ministro es que la Gobernación no le garantiza, menos tras el Decreto de Reactivación Económica, que los recursos financiados vayan a ir a los proyectos iniciados de continuidad.La Gobernación, por su parte, está dispuesta a dejar caer los proyectos no esenciales; los que se refieren a adornos no productivos como los estadios, coliseos y canchitas florecidos por todo el departamento. Unos y otros argumentan celo político en la otra parte. Los asesores locales de Arce Catacora han alimentado el bulo de que Adrián Oliva podría volar alto en el plano nacional. Juan Ramón Quintana ya ha parado las orejas. Los contrarios, que el Movimiento Al Socialismo tiene lista una pinza para asfixiar económicamente a Tarija con el fin de que los electores pidan clemencia y juren sumisión la próxima vez que sean convocados a las ánforas.Lo cierto es que, tan pronto venza el año, es probable que el Plan de Rescate se convierta en un truculento recuerdo del pasado. Que los millones queden botados por el campo, como ya quedaron otros tantos en forma de Villas Olímpicas o Variantes al Chaco. Que la caída del petróleo se considere una “causa fortuita” y no un pecado grave de falta de previsión y los contratos se empiecen a resolver contra el erario público. Que todos queden debiendo…¿Y que se acaben las auditorías de la gestión de Lino Condori?

Pare de sufrir

Si tenía que llegar, no lo ha podido hacer en mejor momento. El modelo de financiación autonómica es a todas luces un parche irreflexivo pensado desde el interés político y no desde el servicio al ciudadano. El Estado, en todos sus niveles, ha dejado a la suerte de Wall Street sus obligaciones para con los servicios públicos.El sistema basado en el reparto de regalías e Impuesto Directo de los Hidrocarburos entre regiones productoras y no productoras, la asignación de recursos para competencias nacionales al calor político o a la calentura de la billetera del momento ha llevado casi a la quiebra a Tarija. Una lección que debe aprenderse y tomarse en cuenta en la mesa de negociación del Pacto Fiscal.La cobertura sanitaria o la calidad de la educación debe tener métodos de financiación estable y garantizar mecanismos de estabilidad en el caso de que los propósitos de ingresos no se lleguen a cumplir.Las regalías deben volver a su significado original; una compensación de un recurso no renovable de alto impacto ambiental y no deberían ser utilizadas para cubrir necesidades básicas ni objetivos estratégicos.Todos los bolivianos deben ser iguales ante la Ley, sobre todo ante la de financiación pública, por muy autonómico que se haya vuelto el Estado. En Tarija, por aquello de los ingentes recursos que dejaba el gas exportado a Brasil y Argentina, se tomó por costumbre involucrarse en la financiación de competencias nacionales como la salud, la educación o incluso la construcción de infraestructuras carreteras. Tarija financia incluso organismos de ámbito nacional, como la Oficina de las Cuencas del Pilcomayo y el Bermejo, el Observatorio Nacional de Santa Ana o la Casa de la Cultura por la estricta razón de que hay recursos del gas para hacerlo.El diseño de la Bolivia autonómica se hizo en un momento en el que las tensiones separatistas y la desconfianza no permitió dar grandes vuelos. La autonomía siempre ha sido interpretada como una “concesión” que posteriormente se limitó a través de una serie de leyes recentralizadoras muy fuertes. El contexto social y político de 2016 es diferente al de entonces y se impone una reforma que permita a las administraciones territoriales atender las necesidades insatisfechas en sus regiones sin levantar sospechas ni recelos.

Una decisión política

Agotado el diálogo técnico con las diferentes instancias del Ministerio de Economía y desahuciada la posibilidad de un acuerdo político con el titular de esa cartera, Luis Arce Catacora, los personeros de la Gobernación necesitan alcanzar un nuevo estadio que permita a la Gobernación encontrar la liquidez necesaria para pagar planillas e intentar acabar algunas de las obras pendientes.Esto pasa por un acuerdo político al más alto nivel, que a saber, solo puede concretarse con el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana con la venia del propio presidente Evo Morales o del vicepresidente Álvaro García Linera.El ministro Quintana ha intervenido en ocasiones puntuales en Tarija, también ante situaciones límite. La última fue su aparición para frenar in extremis la intervención de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) que el ministro tarijeño Juan José Sosa parecía tener decidida ante la negligente gestión de la segunda empresa más grande Tarija por parte del gabinete de Lino Condori. Nadie sabe muy bien porqué pero decidió enmendarle la plana a su compañero de gabinete y de partido.En cualquier caso, la más conocida es su irrupción en la mesa de negociación tras ocho días de paro en defensa del Megacampo Margarita. Desde el punto de vista de gestión del conflicto fue impecable. Tras meses negociando con el ministro Carlos Romero, Quintana reunió a toda la institucionalidad tarijeña y en apenas 24 horas se levantó el paro y se desestimaron todas las medidas de presión bajo la única premisa de que se permitiría hacer un estudio diferente al de la Gaffney para determinar si los campos Margarita y Huacaya eran compartidos y cual era el factor de distribución. Huelga decir que nunca jamás se hizo tal estudio y que ninguno de los políticos que estuvieron sentados en aquella mesa se atrevieron a volver a hacer bandera con el megacampo, desde entonces inconstitucionalmente compartido.Juan Ramón Quintana es uno de los ministros más cuestionados del gabinete de Evo Morales, aunque su rol de gran gestor se ha ido convirtiendo en insustituible. En una suerte de negociación con Tarija, no es claro que podría ofrecer la Gobernación para que el ministro de la Presidencia accediera a interponer sus oficios en el plan de salvamento.