Juicio contra Lino por conducta antieconómica espera en etapa final

Tras nueve meses de espera, aún no se presentó el descargo de los trámites para señalar la fecha del juicio contra el exgobernador, Lino Condori Aramayo, Nelson Walter Ferrufino Gaite y Fohad Jorge Amas Galindo, por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El director de la unidad de Gestión Procesal de la Gobernación de Tarija, Ivan Vaca, explicó que el proceso está es la última etapa de la acusación formal en contra de los tres demandados y la espera continúa. La demanda comprende la licitación de seis obras sin tomar en cuenta la situación económica del departamento ni la ejecución de las mismas. La suma comprometida alcanza los 600.000.000 de bolivianos.

“Recién estaban por cursar los trámites para hacer las notificaciones. No se realizó la notificación formalmente, recién iban a hacer la tramitación. El procedimiento enmarca que primeramente notifican a la parte acusadora para que presentemos la acusación. Después notificarán a los acusados para que presenten sus pruebas de descargo y el Juez señalará la audiencia de juicio. No hay fecha de audiencia de juicio”, explicó.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con el abogado defensor de Condori, Hugo Cruz, pero no contestó las llamadas telefónicas al igual que el mismo Condori y Ferrufino. Las contrapartes aun siguen a la espera de la voluntad de los denunciados.

Antecedentes

El 10 de marzo de 2016 se realizó una denuncia presentada por el entonces director de Transparencia del Gobierno Autónomo Departamental, Waldo Tarifa, respecto a las irregularidades que se identificaron con relación a seis proyectos de investigación pública.

La historia va así; en diciembre de 2014 -en condiciones económicas que denotaban una disminución en los ingresos por concepto de regalías -el subgobernador de O’Connor, Walter Ferrufino y el encargado de Coordinación General de la Gobernación, Luis Alberto Amás Galindo, promovieron la tramitación de Resoluciones Administrativas que autorizaron el compromiso de recursos económicos. Esta tramitación dependía de la Secretaría Departamental de Planificación – entonces a cargo de Fohad Amás Galindo. La decisión final en este caso la tenía el exgobernador interino, Lino Condori, quien decisivamente dio curso a la acción.

Antes del 2015, solo cinco días antes de presentar su renuncia al cargo, Ferrufino comprometió (en cuatro días) 600.000.000 de bolivianos. Aunque en el marco de la Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley 1178 y sus reglamentos, los servidores que intervienen en el proceso de contratación no pueden iniciar dichos procesos si no cuentan con el presupuesto suficiente o necesario.

Tal fue el caso, aun así Condori dio curso a la construcción del asfaltado Quebrada las Vacas-Salinas en la provincia de O’Connor (con un monto inicial de 214.648.130 bolivianos), la construcción y equipamiento de la Casa de la Mujer en O’Connor (con un monto inicial de 22.247.945 bolivianos), la construcción del asfaltado tramo Saladito-Timboy-Tabasay (con un monto inicial de 1.997.191 bolivianos), la construcción de la infraestructura productiva en los cantones de Suaruro-Tarupayo de O’Connor (con un monto inicial de 22.723.334 de bolivianos), la construcción del asfaltado de la carretera Caraparí-Palos Blancos y tramo Choere-Palos Blancos (con un monto inicial de 98.953.369 bolivianos) y la construcción del puente río Pajonal en el tramo de Entre Ríos a Salinas (con un monto inicial de 39.976.958 bolivianos). Todas estas resoluciones administrativas fueron aprobadas por Condori.

Lino pudo impedir la licitación de los proyectos

Todos los proyectos nombrados en la nota fueron indebida e ilegalmente autorizados, según el fiscal de Materia de Entre Ríos, Daniel Fernando Lobos Chavarría, por lino Condori Aramayo en su condición de Gobernador Interino del departamento de Tarija, haciendo referencia a informes técnicos y legales emitidos por la Secretaria de Planificación del Ejecutivo, entonces a cargo de Fohad Amás Galindo como así también bajo el sustento legal de los compromisos de gastos de inversión mayores a un año.