En Perú exigen debatir el Escudo de las Américas

La negativa de los países adherentes al Escudo de las Américas a someterlo a la decisión de sus poderes legislativos, pone en duda la legalidad y la validez del polémico acuerdo promovido y encabezado por Estados Unidos.

Así lo reflejan un líder político centrista y una jurista de Perú, al coincidir en plantear la necesidad de que el Escudo de las Américas sea sometido a la decisión del Parlamento peruano, por involucrar graves compromisos internacionales.

El ex ministro de Defensa y ex candidato presidencial, Jorge Nieto, y la ex legisladora y jurista Patricia Donayre, llegan a esa conclusión por separado, tras analizar el llamado compromiso político suscrito por los países miembros y presentado como un instrumento de lucha contra la delincuencia transnacional.

Tanto el canciller, Carlos Espá, como los miembros de la bancada parlamentaria oficialista, han sostenido que, por tratarse solo de un compromiso, no requiere de la aprobación parlamentaria y que esta será necesaria cuando haya alguna decisión del Escudo de las Américas, como el ingreso de tropas extranjeras.

Nieto consideró que el Escudo de las Américas “no es nada bueno para el país, por todas las cosas que nos hemos enterado, no por la presidenta Keiko Fujimori, no por el Canciller, sino por un documento publicado por el Departamento de Estado norteamericano”.

Añadió que así se supo que no era solo un acuerdo verbal al más alto nivel, sino “un pacto que incluye temas no sólo de seguridad ciudadana, sino de defensa, de comercio, de inversiones, de tierras raras, de gestión de recursos”, según precisó.

“Por tanto, estamos hablando de palabras mayores y eso tiene que pasar por el Congreso”, agregó y subrayó que no hay nada de lo aceptado por los gobiernos de los países latinoamericanos adherentes al Escudo de las Américas que quede fuera del control del Congreso.

Donayre apuntó, sobre la firma del acuerdo por la presidenta Fujimori, que “Cuando están en juego la soberanía, la defensa y los recursos estratégicos del país, la voluntad presidencial no basta, por sí sola, para obligar jurídicamente al Estado”.

Añadió que, si bien el proyecto promovido, organizado y encabezado por Washington, se presenta como una declaración política y no como un tratado internacional, “el nombre asignado al documento no determina su naturaleza jurídica”.

“Lo decisivo es su contenido, los compromisos que incorpora y los efectos que pretende producir”, aseveró en obvia alusión al argumento gubernamentel de que el Escudo de las Américas se trata solo de un compromiso político que no requiere aprobación congresal.

“Una declaración puede no ser vinculante en el plano internacional y, sin embargo, requerir para su ejecución decisiones sometidas a controles constitucionales internos”, advirtió Donayre.

Reseñó los alcances del acuerdo de lucha contra la delincuencia transnacional y otros, como la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), vetusto mecanismo de intervención militar contra hipotéticos ataques extracontinentales, que Washington violó cuando se puso del lado del Reino Unido y contra Argentina en la guerra de las Malvinas. El polémico entendimiento -anotó- también plantea temas como la revisión de inversiones extranjeras, la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos y la seguridad de la infraestructura digital y otros fines geopolíticos de Washington.

“Frente a compromisos de esa magnitud, la pregunta es inevitable: ¿puede la Presidencia comprometer al país mediante una declaración multilateral sin límites ni control constitucional?, preguntó Donayre.

Indicó que, si los compromisos asumidos con el Escudo de las América tienen la naturaleza de un tratado sobre soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional u otros temas sensibles, para su ejecución deben contar con la aprobación previa del Senado.