Propiedad privada en Argentina: hasta dónde avanzó Javier Milei

"La patria no se vende". ¿O sí? La propiedad de la tierra, sus límites y hasta dónde puede intervenir el Estado vuelven a estar en el centro del debate en Argentina. El Senado aprobó este viernes (07.08.2026) un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca reforzar la denominada "inviolabilidad" de la propiedad privada.

Pero la iniciativa llegó a la votación con dos bajas importantes: quedaron fuera precisamente dos de sus puntos más controvertidos, la flexibilización de la compra de tierras por extranjeros y los cambios en las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.

Tras casi trece horas de debate, la propuesta obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, y pasa ahora a la Cámara de Diputados.

¿Qué queda entonces del proyecto original? La iniciativa agiliza los desalojos en casos de usurpación u ocupación ilegal y establece mayores límites a la capacidad del Estado para expropiar bienes.

Para sus defensores, las nuevas reglas aportan seguridad jurídica y pueden favorecer las inversiones. Para sus críticos, podrían debilitar herramientas destinadas a proteger intereses sociales, ambientales y territoriales.

Propiedad privada, entre derechos e inversiones

Los cuestionamientos comienzan con la propia denominación del proyecto. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recuerda que el derecho a la propiedad privada está consagrado desde 1853 en el artículo 17 de la Constitución argentina. "La propiedad en la República Argentina es inviolable", dice a DW.

Desde el oficialismo, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza) defendió, en cambio, la necesidad de reforzar esa protección. El proyecto busca, afirmó, que "quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello" y que el Estado oriente su intervención "a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo".

El Gobierno vincula además una mayor protección de la propiedad privada con la llegada de inversiones. Al defender el proyecto ante el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, atribuyó la falta de aprovechamiento de parte de los recursos del país, entre otros factores, a "la ausencia de certezas sobre los derechos de propiedad".

Tierras e incendios: los cambios que no pasaron

Pero justamente uno de los cambios que encontró mayor resistencia fue la flexibilización de la compra de tierras por extranjeros, que finalmente quedó fuera del proyecto.

Para Gil Domínguez, eliminar los límites existentes implicaba el riesgo de "habilitar que un extranjero, o extranjeros, pueda comprar toda la República Argentina sin límites, en zonas de fronteras, en zonas núcleo —las más productivas del país— o en zonas particularmente sensibles". A su juicio, estaba en juego "la soberanía territorial y el uso de los recursos estratégicos y naturales".

Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) abogan, en cambio, por reducir las restricciones actuales. Su vicepresidente, José María Bauzá, también productor agropecuario, indica en entrevista con DW que deberían eliminarse los límites máximos de hectáreas y los cupos de tierras en manos extranjeras o, al menos, ampliarse el límite vigente del 15 %. Una apertura, argumenta, incentivaría nuevas inversiones, especialmente en zonas extensivas, con efectos sobre el empleo, la incorporación de tecnología y la infraestructura.

La modificación de la Ley de Manejo del Fuego abrió otro frente de discusión. El Gobierno argumentaba que las restricciones vigentes pueden provocar una "catástrofe doble" para los productores: además de sufrir las consecuencias de un incendio, ven limitada durante décadas la posibilidad de modificar el uso de sus tierras. Esas restricciones, según el informe del Consejo de Mayo, órgano consultivo creado por el Gobierno, "castigan injustamente al propietario que sufrió el daño".

Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, esas mismas limitaciones cumplen, por el contrario, una función preventiva. Buscan evitar, explica a este medio, "incendios especulativos": que se queme "un bosque, un humedal o un ecosistema" para convertir después esos terrenos en una plantación de soja o en un desarrollo inmobiliario.

El costo político de los cambios

¿Cuál es el balance de lo ocurrido? Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) relativizó los cambios que sufrió la iniciativa: "Así es la democracia", afirmó tras la votación.

Para Gil Domínguez, sin embargo, "el resultado es claramente una derrota política del Gobierno". A su juicio, terminaron aprobándose cuestiones "irrelevantes en términos políticos", mientras que "los temas sustanciales no fueron tratados y debieron ser eliminados del proyecto". Viale coincide con ese diagnóstico y atribuye el resultado a la enorme movilización social y al rechazo que despertaron las reformas.

Con todo, el debate podría continuar. Bauzá cree que el Gobierno volverá a impulsar los cambios y considera que precisamente por eso ambos capítulos fueron retirados antes de ser sometidos a votación. Gil Domínguez lo ve menos probable: percibe "un cambio de humor social" que dificultaría que el Ejecutivo vuelva a avanzar. Por ahora, la pregunta sigue abierta: qué se vende, a quién y con qué límites.

Los aliados que se bajan de la ley

Datos a tener en cuenta en la tramitación de diputados. En el Senado, las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazaron la propuesta, por lo que el oficialismo no tendría los votos de los 3 diputados del bloque Independencia que responde al gobernador Osvaldo Jaldo.

Tampoco contaría con los 3 salteños de Sáenz, ni los 3 catamarqueños alineados al gobernador Raúl Jalil. A ellos se suman la neuquina Karina Maureira, pupila de Rolando Figueroa, ya que su senadora votó por el rechazo.

Flavia Royón, la senadora que responde al gobernador Gustavo  Sáenz votó en contra del proyecto del Gobierno. Foto: Federico López Claro.Flavia Royón, la senadora que responde al gobernador Gustavo Sáenz votó en contra del proyecto del Gobierno. Foto: Federico López Claro.

En el peronismo, con 93 bancas, rescatan que el Senado haya volteado los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego, pero admiten que hay puntos sensibles como los vinculados con los desalojos, un tema que puede funcionar como gancho para que la oposición más dura intente instalar los proyectos vinculados a atender el alto nivel de morosidad.

Los 4 diputados de la izquierda y una decena de legisladores que responden a gobernadores y otros monobloques podrían conformar un conglomerado de 115 votos en contra.

En consecuencia, la clave de la votación estará en cómo se posicionan los 18 representantes de Provincias Unidas, un espacio variopinto que formaron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) y que podría ir dividido como lo hicieron en el Senado.