Ley de seguridad: Alistan debate en Ecuador

El polémico proyecto de ley para desarticular la economía criminal tendrá el próximo viernes su primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), anunció la legisladora Valentina Centeno.

La asambleísta, titular de la Comisión de Desarrollo Económico y líder de la bancada oficialista, afirmó que esa mesa legislativa prevé concluir el miércoles el informe para luego pasar al primero de los dos debates obligatorios de la normativa en el pleno.

En declaraciones a medios locales, Centeno aseguró que incluirá “todas las observaciones que han sido ingresadas a la mesa legislativa, siempre y cuando tengan el apoyo de los miembros de la comisión”.

Por otro lado, integrantes de la Comisión, como Diego Salas, de la Revolución Ciudadana (RC), solicitó la comparecencia de más expertos porque el carácter urgente del proyecto “no puede ser pretexto para eludir el debate democrático”.

El bloque de la RC, de oposición, advirtió en un comunicado que la participación de juristas, economistas, criminólogos y académicos permitirá un análisis técnico riguroso y plural que transparente el verdadero alcance de esta propuesta y evite que se legisle de espaldas a la ciudadanía.

Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos ya alertaron que el proyecto, propuesto por el presidente Daniel Noboa, representa una amenaza al Estado de derecho, fomentaría el uso desmedido de la fuerza y dejaría intactos los verdaderos núcleos de la economía ilícita.

Una de las medidas propuestas como parte de la iniciativa legal, denominada ahora Ley de Solidaridad Nacional, es que las empresas privadas que realicen donaciones a las fuerzas del orden reciban un beneficio tributario, o sea, sean exoneradas de pagar parte del Impuesto a la Renta.

Las organizaciones aseguran que bajo la justificación del conflicto armado interno -figura rechazada ya por la Corte Constitucional-, la norma permitiría allanamientos sin orden judicial, procedimientos penales exprés, prisión preventiva obligatoria y beneficios legales para policías y militares involucrados en delitos.

Asimismo, denuncian que el texto concentra un poder en la figura del presidente y el llamado Bloque de Seguridad, al que se le otorgarían facultades para declarar zonas de excepción, expulsar extranjeros, y aplicar medidas económicas sin control parlamentario ni judicial.

Las organizaciones exigieron a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto por inconstitucional y advirtieron que activarán acciones legales en caso de que se apruebe.