Afirman solidez de denuncia contra Boluarte por muertes

Los autores de la denuncia contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional (CPI), ratificaron este miércoles la solidez de la misma, referida a cerca de 59 muertes en las protestas contra la mandataria.

Obtener justicia

La ex primera ministra Mirtha Vásquez destacó que los denunciantes “Estamos decididos a perseguir justicia ante las graves violaciones de los derechos humanos que se perpetraron” y están decididos a obtener justicia por 49 muertes registradas durante las protestas, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Por su parte, el abogado de Boluarte, Josep Campos, intentó minimizar la denuncia, con el alegato de que la CPI solo acepta denuncias de Estados y no de personas ni de organizaciones no gubernamentales y auguró que la demanda será rechazada por la CPI.

El embajador de carrera en retiro Harol Forsyth anotó al respecto que la denuncia se hizo conforme los requerimientos de la CPI, por lo que confía en que la Fiscalía de la citada corte, tras analizar la demanda, iniciará una investigación, pero será dentro de varios meses.

Otro de los firmantes es el excanciller y ex ministro de Justicia Diego García Sayán, quien ha sido magistrado de la justicia supranacional reconocida por el Estado peruano y por tanto conoce los procedimientos de la CPI

El principal argumento de los demandantes es la demora de las investigaciones, como expresó otro de ellos, el analista internacional Óscar Vidarte, quien señaló que en diciembre próximo se cumplirán cuatro años de las primeras muertes y son pocos los avances hacia el objetivo de hacer justicia.

El abogado especializado en derechos humanios Carlos Rivera, coincidió con Vásquez en que la denuncia señala claramente como principal responsable de las muertes a la presidenta Boluarte.

Ataque generalizado

Vidarte subrayó que las muertes denunciadas se ajustan a la definición de la CPI de que los crímenes de lesa humanidad que ventila son aquellos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, lo que ocurrió en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

La denuncia contra Boluarte es firmada también por los ex ministros de Justicia, Marisol Pérez Tello, Cultura, Sonaly Tuesta, e Interior, Walter Albán; el embajador de carrera Oswaldo de Rivero, y el ex procurador Antonio Maldonado.