Ley de impunidad enfrenta fuerte resistencia en Perú

Una ley que permite la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, aprobada por el Congreso de Perú, encuentra fuerte resistencia interna y externa, a la que se sumó un sector de fiscales.

La norma entró en vigencia este fin de semana y abarca los delitos de lesa humanidad en la etapa del llamado conflicto armado interno (1980-2000). Sus detractores señalan que dará libertad a militares y policías que cometieron matanzas y otros crímenes atroces en ese lapso, y dejará impunes a los que son juzgados o están prófugos.

Los fiscales del subsistema del Ministerio Público especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad (pueblos indígenas) pidieron al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que presente ante al Tribunal Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento de mayoría conservadora.

El Legislativo alega que los crímenes de lesa humanidad fueron incorporados a la legislación peruana el 1 de julio de 2002, por lo que no existían antes de esa fecha.

Sin embargo, una mayoría de juristas recuerdan que convenciones internacionales suscritas por el Estado peruano establecen que esos delitos deben sancionarse sin importar cuándo se cometieron.

Advertencia de fiscales

Los fiscales advierten en un comunicado que la llamada ley de impunidad afectará procesos por decenas de matanzas, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad, mientras el Ministerio Público estimó que los casos en peligro son más de 600.

Uno de los beneficiados puede ser el expresidente Alberto Fujimori, indultado en diciembre de 2023, antes de cumplir una condena de 25 años como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes y sometido a juicio por una tercera.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, anunció que invocará la nueva ley, para la prescripción del caso de la matanza de Pativilca, en el norte de la región de Lima, cometida en 1993 por un destacamento militar ilegal de exterminio de sospechosos de terrorismo.

“Solicitaremos la prescripción del caso, argumentando que los hechos en cuestión no constituían delitos en el momento en que ocurrieron”, dijo.

El Gobierno no ha ejercido la potestad de observar la ley y, por el contrario, rechaza reclamos de la justicia supranacional a la que está adscrito el Estado peruano.

“Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional”, declaró el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk.

Agregó que esos crímenes están entre las más graves violaciones al derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción y sus autores deben rendir cuentas y dijo que la ley se dictó “en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y del estado de derecho en Perú”.

De otro lado, un sector del episcopado católico y organizaciones defensoras de los derechos humanos, jurídicas y sociales llamaron a los jueces y fiscales a efectuar el control de convencionalidad (verificar si afectan compromisos internacionales) y se nieguen a aplicar la ley.

Semanas atrás, el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo, dijo que los jueces deben decidir mediante el control de convencionalidad, en cada caso, si aplican o no la nueva ley.

Una amnistía para militares acusados de crímenes de Estado dictada por el gobierno neoliberal de Alan García (2006-11) no tuvo efecto porque los jueces se negaron a aplicarla.

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) llamó a jueces y fiscales a que “no apliquen esa ley injusta, ejerciendo su independencia y el deber moral de proteger los derechos fundamentales”.