Ecuador: siguen las intervenciones militares en cárceles

Las intervenciones militares continúan en las cárceles de Ecuador, como parte de la declaratoria de conflicto armado interno y en medio de una crisis energética que ha provocado extensos apagones aquí.

Miembros de las Fuerzas Armadas intervinieron el Centro de Privación de Libertad de Guayas, conocido como la cárcel Regional, donde decomisaron un arsenal de armas y municiones.

Antes, los uniformados también ingresaron a la cárcel de Sucumbíos, con el fin de mantener el orden allí.

El pasado 8 de abril, el presidente Daniel Noboa, emitió un decreto que reconoce la persistencia de un conflicto armado interno en el país y dispuso medidas para mantener los operativos contra la inseguridad.

Con el nuevo decreto ejecutivo, el Gobierno determinó que las Fuerzas Armadas pueden ejecutar operaciones militares para «prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional».

Asimismo, la normativa determina que la Policía y el Ejército continúen con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados o terroristas.

El presidente Noboa, además, declaró a los centros penitenciarios como zonas de seguridad, como ya hizo el pasado 7 de marzo, cuando extendió por 30 días más el estado de excepción, que comenzó en enero.

Con esta disposición, los militares y policías estarán a cargo de «la seguridad intramuros y extramuros, física y procedimental» de las cárceles.

El estado de excepción decretado el 8 de enero duró 90 días y terminó el 6 de abril a las 23:59 y en ese momento finalizaron restricciones como el toque de queda que regía todavía en ciudades como Quito y Guayaquil, las más grandes del país.

Sin embargo, el pasado viernes, el mandatario dispuso un nuevo estado de excepción aquí, en medio de una crisis energética.

El motivo de la medida responde a la emergencia en el sector eléctrico, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica y militarizar las centrales hidroeléctricas, detalló el documento.

En varias ocasiones expertos en materia de seguridad han advertido que los estados de excepción no son la solución a la violencia, sino que son necesarias otras medidas para resolver la raíz del problema, desigualdad, pobreza, desempleo, falta de oportunidades.