Análisis político
Tiempos convulsos para Guatemala
Informe
- El pasado 20 de agosto, Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) venció a Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) en la segunda vuelta presidencial con el 58 % de los votos (frente a 37 % de Torres).
- La fecha de posesión del cargo del nuevo presidente guatemalteco no llegará hasta el 14 de enero de 2024. Los cinco meses que restan se están haciendo muy largos en Guatemala. Desde la segunda vuelta presidencial su investidura se ha visto en peligro por la fuerte judicialización del proceso electoral a manos de un establishment corrupto que se resiste a abandonar el poder. Este núcleo está compuesto por el actual oficialismo de Alejandro Giammatei (Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación), parte de la Justicia –particularmente la Fiscalía–, la corporación militar y los principales grupos económicos del país. Muchos de ellos están señalados por la comunidad internacional en distintos casos de corrupción, que se traducirían en entradas a prisión si alguien ajeno accede al poder; de ahí la resistencia a abandonarlo.
- Efectivamente, los primeros movimientos contra Arévalo se dirigieron a evitar que se celebrara la segunda vuelta electoral tan pronto –y sorpresivamente– el candidato de Semilla se colaba en segundo lugar (15,51 %) tras Sandra Torres (21,10 % de los votos válidos) en la primera vuelta presidencial (algo ni siquiera considerado en los estudios de intención de voto). El hecho de pasar desapercibido permitió que su candidatura no fuera impugnada previamente a los comicios (como sí sucedió con otros cuatro candidatos, incluida la favorita, Thelma Cabrera).
- Entre la primera y la segunda vuelta se suspendió la personería jurídica de Semilla por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (fiscal Rafael Curruchiche); se produjeron dos allanamientos al Tribunal Supremo Electoral por parte de la Fiscalía (fiscal Consuelo Porras, a la que se acusaba de validar la elección anterior y mantener en la carrera electoral a Semilla y a Arévalo) y se allanó la sede de Semilla.
- Frente a la Fiscalía y bajo fuerte presión internacional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral buscaron normalizar el proceso electoral hacia la segunda vuelta e hicieron de contrapeso a los excesos de los fiscales Curruchiche y Porras, ya sancionados en el pasado por EE. UU. por socavar la lucha anticorrupción y la democracia.
- En ese mismo lapso entre la primera y la segunda vuelta, varios organismos internacionales advirtieron duramente sobre el deterioro democrático del país y los peligros que conllevaba el irrespeto al Estado de derecho por parte de algunas instituciones del Estado. Inicialmente, la preocupación de la Unión Europea, Human Rights Watch y OEA, entre otros, estuvo dirigida a condenar el cuestionamiento de la validez de los resultados de la primera vuelta. Posteriormente, tras los hechos mencionados arriba, sobre todo la OEA calificó la situación de “extrema judicialización de la elección” y “persecución política” lo que se estaba haciendo con Arévalo y su partido.
- Tras la victoria definitiva de Arévalo en segunda vuelta, y a pesar su reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de las autoridades electorales, la persecución judicial continuó: Sandra Torres no reconoció como ganador a Arévalo y denunció fraude (hecho aprovechado por la Fiscalía para allanar por cuarta vez al TSE); el Congreso desconoció a la bancada electa del Movimiento Semilla,[1] que no pudo asumir funciones parlamentarias y quedó excluida de liderar comités o participar en la preparación de la agenda legislativa. También Arévalo y su vicepresidenta recibieron amenazas de atentados en su contra.
- En el clímax de este enfrentamiento, el pasado 1 de octubre la Fiscalía allanó de nuevo la sede del Tribunal Supremo Electoral y retiró varias cajas de actas de votación del proceso electoral.
- Ante ello, Arévalo convocó movilizaciones en su apoyo pidiendo la destitución de Porras, Curruchiche y otros jueces que están obstaculizando la transición y buscando evitar su posesión. Desde entonces, la población –incluida parte del movimiento indígena– ha iniciado manifestaciones de grandes proporciones y bloqueos masivos de rutas. Hasta la fecha ya se han reportado varias decenas de heridos imputables a la decisión del presidente saliente, Alejandro Giammatei, que envió a las fuerzas policiales para reprimir lo que considera una protesta “ilegal”.
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