Fiscalía refuta investigar elecciones en Brasil

La Procuraduría General de la República rebatió este lunes un pedido de legisladores aliados del derrotado mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro para investigar supuestas anomalías en las pasadas elecciones presidenciales en Brasil.

Según la Fiscalía, no hay en el informe presentado por el Ministerio de Defensa sobre fiscalización de los comicios un hecho concreto que justifique la apertura de una indagación sobre las urnas electrónicas.

Indica que las observaciones planteadas por los militares deben ser consideradas solo para eventuales mejoras futuras del sistema electrónico de votación.

Por lo tanto, para el Ministerio Público, el documento no sirve como argumento para revisar el proceso electoral que terminó el 30 de octubre, cuando el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, abanderado del Partido de los Trabajadores, derrotó en urnas a Bolsonaro, quien pretendía reelegirse por el Partido Liberal.

Un grupo de senadores bolsonaristas (partidarios del exmilitar), incluyendo Luis Carlos Heinze y Eduardo Girão, entregó al fiscal general, Augusto Aras, una representación con una solicitud de investigación. Los congresistas usaron como base el material de los militares.

De acuerdo con Defensa, el trabajo de supervisión, «aunque no se señaló, tampoco excluyó la posibilidad de fraude o inconsistencia en las máquinas de votación y el proceso electoral de 2022».

Aras especificó a los demandantes que el documento del ministerio, al plantear la hipótesis de fracaso en el referendo sin elementos concretos, no sirve a la supuesta necesidad de averiguación.

La semana pasada, el timonel del Tribunal Superior Electoral, ministro Alexandre de Moraes, declaró que la controversia en torno a las urnas electrónicas es un asunto cerrado.

Al respecto, Defensa divulgó el 9 de noviembre un documento, de 63 páginas, y en su prólogo, el ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no menciona alguna anomalía, pero aclara que el sistema electrónico de votación «no está exento de la influencia de un eventual código malicioso que pueda alterar su funcionamiento».

Recomienda que la justicia electiva adopte medidas para facilitar el examen de las urnas, que se usan en el gigante suramericano desde 1996. Apunta que no investigó crímenes electorales.

«Señalo que el trabajo se limitó a la fiscalización del sistema electrónico de votación, no comprendiendo otras actividades, como, por ejemplo, la manifestación acerca de eventuales indicios de crímenes electorales», reza el contenido.