Cristina y el camino político y judicial tras el atentado

Tras el atentado que sufrió la r el 1 de septiembre, retomó nuevamente la atención en los casos que la acusan de una presunta corrupción y por la que ya declaró la semana pasada y espera que la justicia salga en favor de ella.

Luego del impase que supuso el atentado del 1 de septiembre contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la presión judicial ha vuelto a primera plana y con ella, su declaratoria sobre los casos en los que se le acusa de corrupción y asociación para delinquir. Fernández, tras declarar, aseguró que espera que todo le sea favorable.

Los analistas siguen divididos respecto al oportunismo político de este momento procesal, que en cualquier modo, impacta en la interna del peronismo a menos de un año de que se lancen las campañas electorales. Para unos, hay un intento desesperado para sacarla del mapa; para otros, es el empujón definitivo para apuntalar su retorno a la presidencia. Mientras, las encuestas sobre la grieta y la polarización política en el vecino país no pueden ser más explícitas: el populismo y la confrontación están de moda.

Críticas

La exjefa de Estado lanzó el viernes pasado fuertes críticas a los fiscales que pidieron una pena de 12 años de prisión en su contra.

"Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales, además quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio", afirmó en una jornada que estuvo acompañada de una alta expectativa política en la que participó de los alegatos de su defensa.

Fernández de Kirchner felicitó a sus abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, quienes a lo largo de esta semana expusieron ante el tribunal pruebas que contradicen las acusaciones que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola realizaron el mes pasado durante nueve audiencias.

"No se puede creer cómo han llevado este juicio adelante", afirmó la vicepresidenta al pedirle a los jueces que se incorporen todas las pruebas documentales y periciales que demuestran "las mentiras" de la Fiscalía.

Hace un mes, Luciani y Mola pidieron, además, que se inhabilite de manera perpetua a Fernández de Kirchner para ocupar cargos públicos y se decomisen sus bienes.

La vicepresidenta, quien declaró vía remota desde su despacho en el Senado, citó varios ejemplos de las pruebas que presentaron sus abogados y que contradicen las acusaciones, como una supuesta reunión de ella con el empresario Lázaro Báez que, en realidad, nunca existió.

También recordó la anomalía que representa el hecho de que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien forma parte del tribunal que la juzga, hayan participado en torneos de futbol en una propiedad del expresidente Mauricio Macri, principal opositor y enemistado personalmente.

En el caso específico de Luciani, denunció que su alegato fue "una intervención artística grandilocuente" e "histriónico" que solo expuso "mentiras, calumnias y difamaciones".

El atentado

La vicepresidente subrayó la incongruencia que entrañan las imputaciones en su contra, ya que los fiscales aseguran que sus dos gobiernos y el que encabezó su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, fueron tres "asociaciones ilícitas" creadas para otorgar un puñado de contratos de obra pública a un solo empresario.

"La acusación raya en el ridículo, ¿militamos toda la vida para 51 obras viales?", cuestionó al recordar décadas de carrera política, tanto de ella como de Néstor Kirchner.

La "asociación ilícita" no tiene pies ni cabeza, insistió, ya que, de haber existido, se tendrían que anular todas las medidas de Gobierno tomadas entre 2003 y 2015, entre ellas, el propio nombramiento del fiscal Luciani, ya que fue firmado por ella misma, que es la principal acusada.

"Esto complica a un país, lo torna poco serio, al borde del ridículo", explicó.

Fernández de Kirchner también aludió al intento de magnicidio del que fue víctima el pasado 1 de septiembre.

"Yo creía que este juicio era para estigmatizarme, proscribirme, difamarme, calumniarme, pero, después del 1 de septiembre, entendí que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa", acusó.

Enumeró entonces las pedradas a su despacho y los carteles anónimos que aparecieron en las calles de Buenos Aires en los que se le calificaba como "asesina". Todo ello antecedió el atentado por el que ya hay cuatro detenidos.

En ese sentido, la vicepresidenta consideró que nadie puede pensar en serio que esa banda actuó sola, ya que todavía se debe descubrir a los autores intelectuales.

Al relacionar el juicio con el intento de magnicidio, citó las conversaciones que intercambiaron dos de los acusados y en la que celebraron que los fiscales pidieran que ella vaya 12 años a prisión.

"Es generar un clima, porque no eran tres toneladas de pruebas, como dijeron los fiscales, lo que sí hay son 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y alguna otra revista semanal en donde se va estigmatizando a otra persona que no por casualidad es mujer", dijo en referencia a la prensa opositora, que hace 14 años comenzó a ejercer un "periodismo de guerra" contra el kirchnerismo.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y es el desenlace de la llamada 'Causa Vialidad', que se bautizó así porque se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de Macri, para investigar la adjudicación de millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que fue gobernada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner de 1991 a 2003.