'Criptogate': Justicia investiga a Javier Milei

La Justicia de Argentina dio los primeros pasos en la investigación por la megaestafa conocida como 'criptogate', que involucra al presidente Javier Milei y varios empresarios vinculados al Gobierno.

Según informó La Nación, el fiscal Eduardo Taiano, quien está al frente de las pesquisas, tomó una batería de medidas para determinar responsabilidades en los hechos.

Hasta el momento, las figuras penales que se investigan son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

El mandatario Milei, quien está de viaje en EE.UU., es uno de los denunciados debido a que promocionó desde sus redes sociales la moneda digital $Libra, que en pocos minutos multiplicó su valor, para luego caer abruptamente por la salida de una minoría de inversores que, al parecer, manejaban la información de antemano.

"Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $Libra y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados", señala el documento que establece las medidas del fiscal.

Además del presidente, Taiano nombra a un grupo de presuntos inversores que estuvieron detrás de la conformación y lanzamiento de $Libra, y que mantuvieron reuniones con el jefe de Estado y otros funcionarios de la Casa Rosada.

En el caso de Mark Davis, se trata de un joven estadounidense que es titular de la empresa Kelsier Ventures, creadora del token de la polémica, y dijo además ser "asesor de Javier Milei", de quien espera "instrucciones".

Hasta el momento no forma parte de los investigados Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia. Según el sitio especializado CoinDesk, testigos que conocían a Hayden Mark Davis difundieron chats en los que el norteamericano afirma que le pagaba a Karina Milei y que, con ello, controlaba al mandatario: "Él hace lo que yo quiero".

Entre otras medidas, el fiscal emitió pedidos de informes al Banco Central, a organismos públicos vinculados con la temática, y a empresas del mundo digital como Google.

Asimismo, se decidió ampliar la intervención dada a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia.