Campañas para que la ciudadanía valide o rechace la propuesta
Chile: nueva Constitución entra en su recta final
El documento provisional consta de 499 artículos, lo que representa un récord, ya que la actual Constitución de Chile, que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet, solo tiene 129



La Convención Constitucional de Chile terminó el borrador de la nueva Carta Magna que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre en un clima de fuerte expectativa, ya que se trata de un proceso histórico que puede modificar por completo el sistema político y social del país sudamericano y que es clave para el Gobierno de Gabriel Boric.
El documento provisional consta de 499 artículos, lo que representa un récord, ya que la actual Constitución de Chile, que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet, solo tiene 129.
Los trabajos de los 154 convencionales que se dividieron en 10 comisiones culminaron el sábado pasado, por lo que este lunes el proyecto se entregará a la Comisión de Armonización que tendrá la tarea de editar la versión final que será sometida a consulta popular.
El borrador se terminó en medio de una fuerte polémica, ya que durante los últimos meses arreciaron las críticas de miembros de partidos tradicionales que denunciaron que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta y que, al ser copada sobre todo por nuevas figuras progresistas, sin mayor experiencia política, la Convención estaba diseñando normas que no representaban a toda la sociedad chilena y que incluso eran contradictorias.
A ello se debe, en parte, que las encuestas anticipen un escenario desfavorable para la nueva Constitución. De acuerdo con el último sondeo publicado este lunes por la consultora Cadem, el 46% de la ciudadanía hoy rechaza el borrador, mientras que solo el 38% lo aprueba.
Por otra parte, aunque el 54% desconfía de los convencionales, la cifra representa una mejora, ya que en la última medición la percepción negativa alcanzaba el 58 %.
Cambios
El proyecto es innovador desde su integración, ya que es la primera vez en el mundo que una Constitución es redactada por igual número de mujeres y varones, y con representación de las diversidades sexuales y los pueblos indígenas.
Además, la Convención ha debatido e incorporado temas que todavía no están plasmadas en ninguna otra Carta Magna y que abarcan derechos ambientales y de género y perspectivas innovadoras con respecto a los derechos de los animales y la naturaleza.
Por eso, el borrador establece una paridad inédita en la integración de los poderes Ejecutivo (en todos sus niveles) y Legislativo, con una representación de por lo menos el 50 % de mujeres pero que es apenas un piso, no un límite, ya que incluso puede haber más.
Una de las primeras controversias versó alrededor de la decisión de la Convención de eliminar al Senado, ya que el documento establece que el Poder Legislativo estará integrado por el Congreso de Diputadas y Diputados (así, con el uso del lenguaje inclusivo para referirse a ambos géneros), y una Cámara de las Regiones que sustituirá a la de Senadores y que quedó definida como "un órgano deliberativo, paritario y plurinacional".
Con respecto al Poder Ejecutivo, un cambio trascendental es que permite la reelección presidencial consecutiva, algo que hasta ahora está prohibida.
Otro de los temas que han generado un fuerte debate tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas que han sido tradicionalmente marginados en este país, ya que ahora se reconoce que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional (es decir, que en él conviven varias naciones indígenas), intercultural, ecológico y "plurilingüe", lo que implica que el castellano no es el único idioma.
También reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, "los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia", aunque aclara que la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre ambos.
Todas estas modificaciones han colocado a la población dividida respecto a una nueva Constitución.