Indígenas brasileños denuncian a Bolsonaro en La Haya

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denunció ayer por genocidio al presidente Jair Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de nativos debido a la Covid-19.

La acusación de 148 páginas en esa corte culpa específicamente al exmilitar por las vidas perdidas de 'mil 162 personas de hasta 163 comunidades originarias por su gestión de la pandemia'.

Según Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de la APIB y uno de los redactores de la denuncia, 'lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras'.

Al mismo tiempo, señaló, 'proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal'.

De acuerdo con el texto, el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección socio ambiental provocó invasiones de tierras indígenas, deforestación y quema de biomas.

Por ello, la articulación pidió que Bolsonaro sea inculpado también por ecocidio, nueva tipificación de crimen contra la humanidad, el planeta y el medio ambiente.

En el documento, la APIB presenta un balance de las veces que, según la entidad, Bolsonaro perjudicó o causó un daño directo a los indígenas a través de decisiones políticas o articulaciones realizadas fuera del Congreso.

Cita ejemplos de ocasiones en las que el Gobierno federal fomentó invasiones, ataques, minería y extracción de oro en tierras originarias.

'Son hechos y testimonios que prueban la planificación y ejecución de una política antiindígena explícita, sistemática e intencional encabezada por el presidente Jair Bolsonaro, desde el 1 de enero de 2019, primer día de su mandato presidencial', reza un extracto del documento.

Eloísa Machado, abogada que revisó la demanda, indicó que hay elementos para apoyar el argumento de la práctica del crimen de genocidio.

La TPI verificará si ese Estado o agente denunciado promueve una política dirigida contra un grupo étnico concreto, explicó.

Una vez remitido el documento al juzgado, la Fiscalía del organismo analiza si abre o no una investigación.

El Estatuto de Roma, por el que se creó el tribunal penal, establece que a los condenados por cargos similares se les pueden aplicar desde medidas cautelares hasta la detención preventiva.