Chile: piden indulto para presos en estallido social

Un proyecto de indulto general para los presos durante las manifestaciones populares tras el estallido social de octubre de 2019 en Chile fue presentado por cinco senadores de oposición.

El proyecto, ingresado recientemente en el Congreso Nacional, incluye a todos los que fueron detenidos, se mantienen presos o fueron imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 7 de octubre de 2019 y hasta hoy.

Datos de la Fiscalía señalan que cerca de cinco mil personas han sido formalizadas por distintos hechos ocurridos durante las protestas populares que se sucedieron durante meses, entre las cuales alrededor de 700 permanecen a la espera de una resolución.

Organizaciones promotoras de los derechos humanos y de la liberación de los presos políticos han insistido también en que numerosas personas llevan un año presas sin un proceso en su contra.

Según la constitución vigente, el análisis y tramitación sobre este asunto corresponde solo al Senado y para ser aprobada la iniciativa se requiere quórum calificado, salvo los delitos terroristas, para lo cual se exige el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio, indicó biobio.cl.

En esencia, el proyecto plantea que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda, y se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional sobre esta materia.

Asimismo, señala que apunta a la 'la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social'.

Desde el equipo del senador Alejandro Navarro, del Partido Progresista, uno de los promotores del proyecto indicó que no descansarán hasta que la medida sea ley y destacaron el apoyo de familiares, agrupaciones de Derechos Humanos, equipos parlamentarios, sectores sociales varios y expertos en la materia.