Gobierno y FARC divergen por muerte de desmovilizados

El Gobierno colombiano aseguró este miércoles que ha actuado "con diligencia" para proteger a ex guerrilleros de las FARC que dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de paz, mientras ese partido insiste en que hay un "genocidio" contra sus militantes.

Las posiciones de unos y otros fueron expuestas en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó al Gobierno y a las FARC sobre la violencia contra los desmovilizados que se acogieron al acuerdo de paz firmado hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016.

¿Qué dicen las FARC?

Según cifras de partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ya son 243 las personas desmovilizadas asesinadas desde la firma de la paz. Por eso, la FARC acusó a la administración del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener "el desangre" que los afecta.

La senadora por el partido FARC Victoria Sandino denunció en la audiencia que la desmovilizada Paola Andrea Osorio fue asesinada ayer, día en que se cumplían cuatro años de la firma de la paz. "Lo que viene sucediendo (...) es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva", dijo la senadora y agregó que "es imposible que un suceso aleatorio se repita más de 240 veces, 243 diría".

Por su parte, el delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape, también cargó contra el Gobierno: "se configura un genocidio contra hombres y mujeres firmantes de la paz, estamos enfrentados a un macabro plan sistemático de exterminio contra signatarios de paz y de destrozar las esperanzas de paz de la sociedad colombiana".

Denuncia  La senadora Victoria Sandino denunció que la desmovilizada Paola Andrea Osorio fue asesinada ayer

¿Qué dice el Gobierno?

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, salió al paso de las críticas y aseguró: "actuamos con gran diligencia y compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población (…) Ni el narcotráfico ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad".

Igualmente, el funcionario aseguró que el Gobierno le ha pedido a la FARC que suministre información para "fortalecer así los mecanismos de protección" y que todas las instancias del Estado trabajan articuladamente en la prevención, protección y seguridad de los exguerrilleros dentro y fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Mientras tanto, la vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, calificó de "inadmisible" la violencia no sólo contra los desmovilizados sino contra las personas defensoras de derechos humanos y destacó que el 43,7 por ciento de los homicidios en contra de esta población son responsabilidad de las disidencias de las FARC, a las que el Gobierno llama Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

Por su parte, la viceministra de Defensa, Diana Catherine Abaunza, sostuvo la tesis de que el narcotráfico está detrás de la violencia del país que incluye masacres como las que el pasado fin de semana dejaron 15 muertos en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.