En Perú aprueban otro retiro de fondos pensiones

El Congreso peruano aprobó en la madrugada del martes una ley que permite la devolución parcial de aportes al fondo estatal de pensiones, pocos meses después de hacer lo mismo con el sistema privado y pese a la reiterada oposición del Gobierno.

Con 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, el fragmentado Parlamento dominado por la oposición dio el visto bueno para que cada afiliado a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) retire, en dos partes, hasta un máximo de 4.300 soles (equivalente a unos 1.200 dólares).

La ley debe ser promulgada por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra para su vigencia. Fuentes del Ejecutivo han afirmado que esta devolución de aportes de la ONP tendría un costo de 13.280 millones de soles (3.709 millones de dólares).

Representantes del Gobierno advirtieron antes que si el Congreso aprobada la ley, el Ejecutivo iba acudir al Tribunal Constitucional para rechazar la norma en momentos en que la economía del país minero transita por su peor crisis por una larga cuarentena ante el brote del coronavirus.

“El gabinete no está de acuerdo con esa aprobación y se realizarán las acciones correspondientes de acuerdo a ley en los procedimientos que sean necesarios”, adelantó el ministro de Interior, Jorge Montoya.

La semana pasada el Congreso rechazó una propuesta alternativa del Gobierno para un pago menor a los afiliados de la ONP y evitar un mayor forado fiscal. A diferencia de las pensiones privadas, el fondo estatal opera bajo un sistema de reparto de todos sus ingresos para entregar pensiones a los jubilados.

Legisladores que promovieron la ley alegan que la devolución de parte de las pensiones estatales era un clamor de los afiliados a la ONP, muchos en situación de pobreza debido también a la pérdida de 6,7 millones de empleos por la pandemia.

El Congreso, elegido en enero tras el cierre del anterior, había aprobado en abril una ley para el retiro de hasta el 25% de los fondos privados de pensiones para mitigar el impacto del brote del coronavirus entre sus afiliados, una iniciativa a la que también se opuso y sin éxito el Gobierno.

La aprobación de la nueva ley de pensiones es otra muestra del continuo enfrentamiento político entre el Congreso y el Gobierno, a casi ocho meses de las elecciones presidenciales y legislativas, programada para el 11 de abril del 2021.