Congreso cierra la puerta a juicio político contra Piñera

El Congreso chileno rechazó el jueves someter a juicio político al presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en abusos cometidos durante semanas de protestas sociales, en una decisión que da un poco de aire al debilitado mandatario.

Una mayoría de 79 diputados, entre los que figuran parlamentarios de oposición, acogió los argumentos de la defensa de Piñera de que la acusación no cumplía los requisitos formales para seguir adelante.

La decisión tuvo lugar un día después de que el Senado aprobara una acusación similar contra el exministro de Interior y primo de Piñera, Andrés Chadwick, señalado también como responsable político de los abusos policiales como jefe del orden público.

“La verdad es que hoy nadie tiene mucho que celebrar”, dijo a Reuters Lucía Dammert, analista política del centro de estudios Espacio Público.

“Era esperable por lo que pasó con el exministro de Interior y da un cierto respiro al proceso del gobierno, aunque esto debería dejar instalada la preocupación por los derechos humanos”, añadió.

El gobierno del empresario de centroderecha, que en los primeros días de la crisis social se vio obligado a anunciar una serie de medidas paliativas de mejorar pensiones o el acceso a los servicios públicos, “tendría que aprovechar este momento para promover las reformas”.

Las movilizaciones estallaron hace casi dos meses por un aumento en las tarifas del metro y rápidamente se salieron de control, dejando 26 muertos, miles de heridos, millones de dólares en daños y centenares de denuncias de abusos por parte de las fuerzas de orden.

Varios grupos internacionales de derechos humanos han condenado los abusos policiales y Piñera ha prometido reformas profundas al cuerpo policial.

Esta semana, nuevos choques entre manifestantes y policías en el centro de Santiago dejaron a dos personas heridas de gravedad por el impacto de bombas lacrimógenas. Las movilizaciones han perdido fuerza, pero continúan y en ocasiones terminan en escaramuzas con las fuerzas de seguridad.

Piñera, que fue elegido para un segundo mandato en 2017 con promesas de bienestar, ha resentido el efecto político de las movilizaciones. Su índice de aprobación a fines de noviembre cayó a 10%, el más bajo para un presidente desde el retorno a la democracia en Chile hace casi 30 años.

Sin embargo, las posibilidades de que hubiera sido sometido a un juicio político eran escasas. Incluso si la iniciativa era aprobada por los diputados y pasaba al Senado, era improbable que allí tuviera éxito porque se necesitaban los votos favorables de dos tercios de los 43 senadores y la oposición está lejos de ese número.

Los legisladores de oposición señalaron que el mandatario no actuó lo suficientemente rápido para impedir los abusos policiales.