Partido Comunista de Brasil pide anular el decreto de armas

El Partido Comunista de Brasil (PCdoB) ingresó este jueves al Supremo Tribunal Federal (STF) con una acción contra el decreto firmado por el presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza la posesión de armas de fuego a la población.
Esta es la quinta vez que una medida del gobierno de Bolsonaro es impugnada en la justicia.

Para el PCdoB, las normas de la medida atentan contra el principio constitucional de la razonabilidad, ‘en la medida en que no resulta adecuado y razonable que toda la población de un país pueda tener hasta cuatro armas en su residencia, o en el lugar de trabajo, si es titular o responsable de un establecimiento comercial o industrial’.

La organización política también sostiene que el político de extrema derecha abusó de su competencia constitucional de reglamentar leyes, invadiendo la competencia del Congreso Nacional de elaborar leyes.

Además de la disposición sobre posesión de armas, ya se volvieron objeto de cuestionamiento en el STF la medida provisional de la administración de Bolsonaro que reestructuró carteras y extinguió al Ministerio de Trabajo -contestada en tres acciones que tramitan ante el tribunal- y la promoción en el Banco de Brasil de Antonio Mourão, hijo del vicepresidente general Hamilton Mourão.

Esta semana el ex capitán del Ejército suscribió una disposición que ajustará la posesión de armas de fuego, una de sus principales promesas de campaña.
‘El pueblo decidió comprar armas y municiones, y nosotros no podemos negarnos’, dijo el ex militar después de la firma en una breve ceremonia en el Palacio de Planalto (sede presidencial) que contó con la presencia de ministros y colaboradores.

Al mostrar un lapicero y rubricar el decreto, el gobernante dijo: ‘como el pueblo soberanamente decidió, en ocasión del referéndum de 2005, para asegurarles ese legítimo derecho a la defensa, yo como presidente voy a usar esa arma’.

El derecho a la posesión es la autorización para mantener un artilugio bélico en casa o en el lugar de trabajo, siempre que el dueño sea el responsable legal del establecimiento.
Para andar con el arma en la calle, se debe tener derecho al porte, que exige reglas más rigurosas y no fue tratado en el decreto.

Durante su carrera política, el mandatario ultraderechista defendió reformular la Ley Federal del Estatuto de Desarme instaurada en 2003, que según él, impone reglas muy rígidas para la posesión del arma.

El estudio Mortalidad Global por Armas de Fuego 1990-2016 reveló en diciembre que Brasil encabeza la lista de países donde más personas perdieron la vida por el uso de armas de fuego, con unas 43 mil 200 víctimas en ese último año.

La flexibilización para el porte de armas divide a la sociedad brasileña.
Una encuesta del Instituto Datafolha divulgada el 31 de diciembre reveló que el 61 por ciento de los encuestados considera que la posesión de armas de fuego debe ser prohibida por representar una amenaza a la vida de otras personas.

Pero no solo divide a los brasileños, una gran parte de la comunidad internacional no está de acuerdo con la medida asumida por el gobierno del ultraderechista.