Anuncian nueva denuncia contra Chávarry en Perú

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, será denunciado penalmente, tras confirmarse que su intento de relevar a dos fiscales postergó un acuerdo por el que la empresa brasileña Odebrecht daría información sobre corrupción en Perú.

Las denuncias por obstrucción a la justicia fueron anunciadas por los parlamentarios progresistas Marisa Glave y Marco Arana, mientras el ex presidente de la comisión de reforma a la justicia Allan Wagner coincidió con ellos en que cometió ese delito.
El cargo se debe a que Chávary relevó a los fiscales Rafael Vela y José Pérez para impedir el acuerdo de inmunidad para los ejecutivos de Odebrecht a cambio de información documentada sobre sobornos y financiamientos electorales pagados en Perú.

El acuerdo debía firmarse el 11 de enero, y en los días siguientes los ejecutivos brasileños darían la información requerida a los fiscales peruanos, pero la inestabilidad causada por el intento de cambiar a Vela y Pérez determinó una postergación, confirmó Pérez.
Añadió que el aplazamiento es un perjuicio provocado por Chávarry y manifestó su confianza en que la demora será breve, pero confirma la necesidad de que Chávarry renuncie al cargo y deje el Ministerio Público para que no pueda interferir nuevamente.
El cambio de fiscales fue anunciado por Chávarry el 31 de diciembre, horas antes del nuevo año, y pese a la festividad de inmediato miles de manifestantes salieron a las calles en defensa de los relevados y en repudio a la decisión.

La medida fue percibida de inmediato como una maniobra por la impunidad de los investigados por la corrupción de Odebrecht, sobre todo el expresidente Alan García y la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, investigados por recibir fondos de Odebrecht, el primero impedido de salir del país y la segunda en prisión preventiva.

Ante la presión de la calle y de amplios sectores, los reemplazantes de Vela y Pérez declinaron asumir el encargo y Chávarry dejó sin efecto el cambio, con lo que el fiscal quedó aislado, derrotado y desprestigiado. Casi al mismo tiempo, el presidente Martín Vizcarra presentó al parlamento un proyecto de ley que declara en emergencia y reorganización al Ministerio Público, como vía para resolver la crisis.

En realidad, Chávarry era mantenido en el cargo por las bancadas parlamentarias de los partidos de Fujimori y García, en la medida que solo el Congreso de la República podía destituirlo, como demandaban la mayoría de las bancadas, por sus contactos con una red de corrupción judicial.

Tras el desairado papel del fiscal de la nación, tanto el Partido Aprista, de García; como Fuerza Popular, de Fujimori, pidieron la renuncia de Chávarry y encuestas realizadas por medios de comunicación reflejan que la población percibe que el cambio de esos partidos se debe a que su hasta el jueves protegido ya no les sirve.

Ambos partidos enfilan sus armas ahora a cuestionar el acuerdo entre los fiscales y Odebrecht y demandan su publicación y debate, pese a que la ley establece que ese tipo de entendimientos deben permanecer en secreto, en manos de los jueces, fiscales y procuradores a cargo.