Plantean indagar a Ortega por muertes en Nicaragua

Un grupo de expertos internacionales expulsado recientemente de Nicaragua recomendó el viernes investigar al presidente del país, Daniel Ortega, por las muertes ocurridas en protestas este año contra su Gobierno y catalogó como “crímenes de lesa humanidad” la respuesta del Estado a las revueltas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comenzó a funcionar hace seis meses como parte de un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua para indagar, buscar responsables y ayudar en las investigaciones por las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, el periodo más duro de las protestas.

“Se recomienda se investigue la responsabilidad de los hechos del presidente de la Nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional” y a toda la jefatura policial, dijo el GIEI en su informe final presentado el viernes en la sede de la OEA en Washington.

El informe debía haber sido presentado el jueves en Managua, pero un día antes los funcionarios del GIEI fueron notificados oficialmente de que debían abandonar el país centroamericano a pesar de que su periodo terminaba el 2 de enero próximo.

“El GIEI pudo determinar que la mayoría de asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente o de forma coordinada con grupos armados paraestatales”, resalta el informe del GIEI.

El gobierno y la Policía Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud para hacer comentarios.

Durante el período álgido de las protestas se registró la muerte de 109 personas. De ese total, 95 “se produjeron por impacto de armas de fuego, todos con impacto en el cráneo, cuello y torax (...) La gran mayoría de las muertes por armas de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”, dijo el informe.

El GIEI resaltó que de los 109 fallecimientos sólo se abrió proceso judicial por nueve casos, “el resto permanece en la impunidad”.

Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis desde la guerra civil de los años ochenta. Las protestas contra el Gobierno comenzaron luego de una propuesta de reforma a la seguridad social que disminuía la pensión a jubilados, pero se mantuvieron luego para exigir justicia por los primeros muertos en las manifestaciones, la renuncia de Ortega y elecciones anticipadas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización no gubernamental ilegalizada por el Parlamento de Nicaragua la semana pasada, contabiliza 321 personas fallecidas en las protestas.