Españoles claman por un reparto justo de la riqueza

Decenas de miles de personas salieron el martes a las calles de numerosas ciudades españolas para reclamar a la clase gobernante y al empresariado que comiencen a distribuir la riqueza acumulada en cuatro años de bonanza económica.

Bajo el lema Tiempo de ganar, las dos mayores organizaciones sindicales de España, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), protagonizaron este martes masivas protestas con motivo del Día Internacional del Trabajo.

En Madrid, donde se celebró la tradicional marcha hacia la conocida Puerta del Sol, los líderes de CC.OO., Unai Sordo, y de la UGT, José Álvarez, pidieron al gobierno conservador de Mariano Rajoy un reparto más justo del crecimiento experimentado por la economía.

‘La economía de este país crece desde 2014 al 2,8 por ciento, los beneficios de las empresas son de 36 mil millones de euros más que antes del inicio de la crisis, pero a la vez los salarios siguen devaluándose’, denunció Sordo, quien avisó de un aumento.

Álvarez, por su parte, llamó al Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) y a la patronal a tener en cuenta que los ciudadanos dejaron de lado la resignación, son conscientes de que le estaban engañando y exigen una distribución equitativa del dinero generado.

Tras augurar un escenario de conflicto creciente, confió en que las manifestaciones de este Primero de Mayo sean un punto de inflexión y permitan desmantelar las políticas regresivas del PP y recuperar los derechos arrebatos a la clase asalariada en apenas una década.

Entre sus reivindicaciones, las centrales mayoritarias incluyeron una vez más la derogación de la impugnada reforma laboral de Rajoy, aprobada en 2012, que precarizó el empleo y abarató las retribuciones.

Además, reclamaron mejoras salariales para que los suculentos beneficios que registran las empresas españolas se trasladen a los ingresos de sus empleados.

Pensiones
Otra de las demandas clave es la revalorización de las pensiones por encima del 0,25 por ciento que establece la normativa actual, así como medidas contra la precariedad laboral y el empleo temporal.

Consideraron que el Ejecutivo central no puede seguir prolongando las duras recetas aplicadas en plena crisis para reducir el gasto público, impidiendo con ello que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) se traslade a la sociedad.