Montes advierte un déficit de Bs 146 MM en el presupuesto 2025
El gobernador Oscar Montes alerta sobre la brecha entre lo presupuestado y los recursos reales que recibe Tarija para el próximo año, afectando la gestión
El gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, presentó un informe sobre las diferencias entre el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para 2025 y los recursos que efectivamente llegan al departamento, evidenciando un déficit proyectado de 146 millones de bolivianos.
La autoridad explicó que, según una carta del Ministerio de Economía del 30 de agosto de 2024, Tarija debía recibir 373 millones de bolivianos por regalías hidrocarburíferas, 29 millones por concepto de Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y 62 millones por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con base en estas cifras, se elaboró el presupuesto departamental para la presente gestión.
Sin embargo, la realidad ha sido distinta. En el caso de las regalías, el promedio mensual previsto era de 31 millones, pero los ingresos han fluctuado entre 19 y 24 millones, generando un déficit acumulado de 77 millones hasta la fecha, que podría alcanzar 115 millones al cierre del año.
Respecto al IDH, de los 62 millones comprometidos, el Gobierno Nacional retiene un 30% para la Renta Dignidad, quedando 43 millones para Tarija. No obstante, las transferencias son menores a lo planificado, con un déficit acumulado de 5 millones hasta agosto y una proyección de 7 millones para diciembre.
La situación es similar con el IEHD, cuyos ingresos están por debajo de lo previsto, con un déficit estimado de 23 millones de bolivianos.
“De los 446 millones presupuestados, solo han ingresado 200 millones hasta agosto, es decir, 97 millones menos de lo esperado. Si la tendencia continúa, a fin de año tendremos 146 millones que están en papel, pero no llegarán a las cuentas de la Gobernación”, advirtió Montes.
El Gobernador de Tarija enfatizó que la administración departamental enfrenta un escenario de recursos cada vez más limitados, lo que obliga a priorizar y ajustar gastos en todas las áreas para garantizar recursos para los programas sociales, como la canasta del adulto mayor y el paquete alimentario para las personas con discapacidad.





