El Club Entre Ríos bajo la lupa de la Dirección de Migración
La Dirección de Migración y la Defensoría del Pueblo tienen en la mira al Club Atlético Entre Ríos a causa de obligaciones verbales incumplidas con dos jóvenes jugadores de fútbol provenientes de Colombia, que llegaron a la ciudad de Tarija con la ilusión de ser los refuerzos para este...
La Dirección de Migración y la Defensoría del Pueblo tienen en la mira al Club Atlético Entre Ríos a causa de obligaciones verbales incumplidas con dos jóvenes jugadores de fútbol provenientes de Colombia, que llegaron a la ciudad de Tarija con la ilusión de ser los refuerzos para este equipo, pero su situación se complicó al no tener los documentos de radicatoria en regla.
De acuerdo a las versiones de la directora departamental de Migración, Lourdes Aldana y del miembro de la Defensoría del Pueblo, José Sejas Villarreal, ambos muchachos de 19 y 20 años fueron contactados a través de un paisano suyo - que tiene los papeles en regla - los invitaron a venir con el compromiso verbal para que jueguen en el club y les ofrecieron vivienda, alimentación, además de un salario de 250 dólares mensuales.
El País eN buscó telefónicamente y de manera insistente al presidente del Club Atlético Entre Ríos, Ever Cardozo, para conocer su versión pero no contestó a las llamadas.
Denuncia
Sejas contó que admitieron esta denuncia por una actitud irregular basada en compromisos verbales, estuvieron entrenando durante dos meses, les cubrieron la alimentación pero no la vivienda y tampoco les cancelaron nada de lo ofertado y “para rematar”, una institución que auspicia al equipo le puso la condición de que no pueden tener jugadores extranjeros por ello los dos jóvenes fueron separados, dejándolos sin club y sin ingresos económicos.
En principio realizaron gestiones en la Dirección de Migración para ampliarles el plazo de regularización de sus documentos, además de solicitar información documentada para ver si el Club incurrió o no en una acción delictiva y ver a qué tipo de institución legal se puede recurrir, por ejemplo el Ministerio Público.
“Hubo ofertas irregulares, no hubo un cumplimiento de esas ofertas, por eso estos jóvenes se están quedando sin la posibilidad de tener recursos económicos”, explicó.
Además, se conoce que un representante del Club se reunió con Migración y asumió ciertos compromisos que no cumplió. La Defensoría los citó pero no asistieron, por lo que solicitaron a Aldana les remita la documentación pertinente para realizar un análisis jurídico para ver si hay o no una conducta delictiva.
Al momento los dos jóvenes entrenan en otro equipo de futbol, realizan trabajo físico, pero no pueden jugar ni ser comprometidos hasta regularizar su situación migratoria en el país. Estos trámites no eran responsabilidad del Club, pero se iban a pagar con el dinero que les habían comprometido.
“Como Defensoría queríamos instar al presidente de este club a que asuma este compromiso, por lo menos que asuma con los gastos de la documentación de esos chicos para que puedan trabajar o ingresar a otro equipo”, apuntó Sejas.
“Es una situación singular porque aparentemente se trataría de tráfico de personas”, apuntó Aldana porque los jóvenes fueron traídos desde Colombia con compromisos verbales y en un operativo se pudo conocer que se encontraban de manera irregular y se hizo las notificaciones respectivas.
“Se hizo una conminatoria incluso al Club, pero este menciona que no tienen ningún documento firmado, ningún contrato que los obligue a responder a esta situación. Si hay las pruebas suficientes para poder culpar al club y que ellos han sido los que incumplieron, así sea de manera verbal, la Defensoría tomará las medidas pertinentes”, explicó.
Por otra parte, a Migración le servirá como antecedente para poder iniciar a esa institución deportiva un proceso de sanción.
Residencia, documentos y antecedentes
Para acceder a los documentos de residencia en el país, los dos jóvenes colombianos necesitan realizar un trámite en la Dirección de Migración que cuesta 1.100 bolivianos y otros 500 para obtener el carnet de extranjero que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, con los cuales podrán acceder a un trabajo o prestar sus servicios a otro club deportivo.
Ambos muchachos cuentan con la documentación necesaria como ser sus documentos de identidad y los antecedentes legales otorgados por su embajada, pero faltan los recursos económicos.
De acuerdo a las versiones de la directora departamental de Migración, Lourdes Aldana y del miembro de la Defensoría del Pueblo, José Sejas Villarreal, ambos muchachos de 19 y 20 años fueron contactados a través de un paisano suyo - que tiene los papeles en regla - los invitaron a venir con el compromiso verbal para que jueguen en el club y les ofrecieron vivienda, alimentación, además de un salario de 250 dólares mensuales.
El País eN buscó telefónicamente y de manera insistente al presidente del Club Atlético Entre Ríos, Ever Cardozo, para conocer su versión pero no contestó a las llamadas.
Denuncia
Sejas contó que admitieron esta denuncia por una actitud irregular basada en compromisos verbales, estuvieron entrenando durante dos meses, les cubrieron la alimentación pero no la vivienda y tampoco les cancelaron nada de lo ofertado y “para rematar”, una institución que auspicia al equipo le puso la condición de que no pueden tener jugadores extranjeros por ello los dos jóvenes fueron separados, dejándolos sin club y sin ingresos económicos.
En principio realizaron gestiones en la Dirección de Migración para ampliarles el plazo de regularización de sus documentos, además de solicitar información documentada para ver si el Club incurrió o no en una acción delictiva y ver a qué tipo de institución legal se puede recurrir, por ejemplo el Ministerio Público.
“Hubo ofertas irregulares, no hubo un cumplimiento de esas ofertas, por eso estos jóvenes se están quedando sin la posibilidad de tener recursos económicos”, explicó.
Además, se conoce que un representante del Club se reunió con Migración y asumió ciertos compromisos que no cumplió. La Defensoría los citó pero no asistieron, por lo que solicitaron a Aldana les remita la documentación pertinente para realizar un análisis jurídico para ver si hay o no una conducta delictiva.
Al momento los dos jóvenes entrenan en otro equipo de futbol, realizan trabajo físico, pero no pueden jugar ni ser comprometidos hasta regularizar su situación migratoria en el país. Estos trámites no eran responsabilidad del Club, pero se iban a pagar con el dinero que les habían comprometido.
“Como Defensoría queríamos instar al presidente de este club a que asuma este compromiso, por lo menos que asuma con los gastos de la documentación de esos chicos para que puedan trabajar o ingresar a otro equipo”, apuntó Sejas.
“Es una situación singular porque aparentemente se trataría de tráfico de personas”, apuntó Aldana porque los jóvenes fueron traídos desde Colombia con compromisos verbales y en un operativo se pudo conocer que se encontraban de manera irregular y se hizo las notificaciones respectivas.
“Se hizo una conminatoria incluso al Club, pero este menciona que no tienen ningún documento firmado, ningún contrato que los obligue a responder a esta situación. Si hay las pruebas suficientes para poder culpar al club y que ellos han sido los que incumplieron, así sea de manera verbal, la Defensoría tomará las medidas pertinentes”, explicó.
Por otra parte, a Migración le servirá como antecedente para poder iniciar a esa institución deportiva un proceso de sanción.
Residencia, documentos y antecedentes
Para acceder a los documentos de residencia en el país, los dos jóvenes colombianos necesitan realizar un trámite en la Dirección de Migración que cuesta 1.100 bolivianos y otros 500 para obtener el carnet de extranjero que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, con los cuales podrán acceder a un trabajo o prestar sus servicios a otro club deportivo.
Ambos muchachos cuentan con la documentación necesaria como ser sus documentos de identidad y los antecedentes legales otorgados por su embajada, pero faltan los recursos económicos.