Bolivia necesita cambiar de rumbo
Corrupción, audios, denuncias, renuncias, amenazas y autoridades que buscan explicaciones fuera del país. La crisis ha dejado de ser una sucesión de escándalos para convertirse en un problema de confianza en las instituciones y en quienes tienen la responsabilidad de conducirlas
Hay momentos en los que la acumulación de acontecimientos deja de ser una casualidad y empieza a describir un problema de fondo. Bolivia parece haber llegado a uno de ellos. La justicia cuestionada, la Fiscalía bajo sospecha, la Policía expuesta a denuncias, los audios que comprometen a personas del entorno más cercano del presidente, las renuncias, las amenazas y hasta las declaraciones de exilio de autoridades judiciales dibujan un panorama que resulta difícil de justificar como una simple transición política.
Lo más preocupante no es solamente la gravedad de cada denuncia, que deberá investigarse y probarse con todas las garantías. Es la sensación de que ninguna institución consigue ofrecer certezas, de que cada nuevo escándalo desplaza al anterior sin que se conozcan resultados y de que el poder político parece más ocupado en administrar sus propias crisis que en resolver las del país.
El Gobierno de Rodrigo Paz llegó con la promesa de abrir una etapa distinta, superar las prácticas del pasado y recuperar la confianza en el Estado. Pero la renovación no consiste en cambiar nombres, distribuir cargos o denunciar la herencia recibida. Se demuestra con comportamientos diferentes, instituciones independientes y una administración pública que no reproduzca los vicios que antes se criticaban. Si las mismas prácticas reaparecen con nuevos protagonistas, el cambio habrá sido apenas una sustitución de administradores.
La salida a un conflicto o problema político es siempre por las ánforas, es decir, por la democracia
Mientras tanto, la vida cotidiana se vuelve cada vez más difícil. Las familias soportan el encarecimiento de los productos, la incertidumbre laboral y la falta de dólares. Los sectores productivos necesitan reglas claras, las regiones reclaman recursos y los ciudadanos esperan servicios públicos que funcionen. No hay margen para que el país permanezca indefinidamente atrapado en una crisis política que consume energías sin ofrecer soluciones.
No es suficiente pedir que la justicia investigue cuando las sospechas alcanzan precisamente a quienes deberían garantizar su independencia. No basta con anunciar reformas si las instituciones siguen paralizadas o sometidas a disputas de poder. Tampoco sirve invocar la estabilidad mientras se acumulan motivos para desconfiar de quienes la administran.
Bolivia necesita un cambio de rumbo total. Y no hablamos necesariamente de cambiar una sigla por otra ni de entregar el poder a una nueva promesa personalista. Hablamos de recuperar la legitimidad democrática, revisar las reglas de funcionamiento del Estado y abrir una discusión honesta sobre el modelo institucional que queremos. La reforma constitucional, tantas veces postergada o tratada como un instrumento de conveniencia, tendrá que abordarse con seriedad y por los procedimientos que establece la propia Constitución.
Si el Gobierno considera que conserva la confianza y la capacidad para conducir esta etapa, debe demostrarlo con resultados, transparencia y decisiones que alcancen también a los suyos. Si no puede hacerlo, corresponde abrir mecanismos democráticos para que la ciudadanía vuelva a pronunciarse. Una reforma constituyente, un eventual referendo revocatorio o, si las condiciones constitucionales lo permiten, una convocatoria electoral, son caminos que pueden formar parte de una discusión nacional. Ninguno debe utilizarse como amenaza ni como atajo, sino como expresión de la soberanía popular y con garantías para todos.
Ha pasado un año, y el país no puede seguir esperando que los problemas se resuelvan solos ni que el próximo escándalo tape al anterior. Tampoco puede resignarse a elegir entre el fracaso de un modelo agotado y la decepción de uno que prometió ser diferente. Es posible gobernar de otra manera: con instituciones que no sean botín, con justicia que no responda a intereses, con autoridades que rindan cuentas y con una administración que priorice las necesidades de la gente.
Bolivia necesita instituciones, certezas y un horizonte social y económico. Y si quienes gobiernan no consiguen ofrecer ese rumbo, ha llegado la hora de devolverle la palabra a la gente. No hay estabilidad posible sin confianza, ni futuro democrático que pueda construirse de espaldas a la ciudadanía.
